Liliana Cruz Buitrago murió por un disparo salido del fusil de dotación de su esposo, entonces comandante de la Policía de Chiscas. Su madre asegura que primero le hablaron de un ataque guerrillero y después de un accidente. La familia denuncia presuntas irregularidades y exige esclarecer el caso.

Ingrid Buitrago creyó que a su hija la había matado un guerrillero. Esa fue, según relata, la primera explicación que recibió de Hamilton Ruiz Bolívar, esposo de Liliana Cruz Buitrago y entonces comandante de la Policía de Chiscas, Boyacá. La realidad que conoció después fue mucho más difícil de enfrentar: el disparo que acabó con la vida de la joven salió del fusil de dotación del propio uniformado.

Han pasado casi diez meses desde aquella noche del 19 de noviembre de 2025 y la familia sigue sin una respuesta definitiva sobre lo ocurrido. Durante ese tiempo escuchó hablar de un supuesto francotirador, de un ataque armado y, finalmente, de una manipulación accidental del fusil. Ahora, Ingrid decidió romper el silencio para reclamar una investigación que, asegura, ha estado rodeada de contradicciones y presuntas irregularidades.

“Mamá, yo no me quiero ir para Chiscas”

Liliana tenía 25 años, era trabajadora social y se había casado por lo civil con Hamilton Ruiz en Chiquinquirá, en 2023. Con el paso del tiempo, según el relato de su madre, la relación comenzó a atravesar dificultades que la joven dejó entrever en mensajes y conversaciones familiares.

Una de las frases que Ingrid conserva en su memoria es la resistencia de su hija a trasladarse al municipio donde su esposo ejercía como comandante de Policía.

“Ella me decía: ‘Mamá, yo no me quiero ir para Chiscas’”, recordó.

En aquel momento, Ingrid intentó aconsejarla para que luchara por su matrimonio. Su intención, explica, era evitar una recomendación equivocada que pudiera afectar la relación. Después de la muerte de Liliana, esas conversaciones adquirieron otro significado y hoy siente que su hija estaba tratando de contarle algo que ella no alcanzó a comprender.

“Siempre escuchen a sus hijos entre líneas, porque Liliana entre líneas me quiso decir muchas cosas que yo no entendí”, expresó la mujer al hacer público su testimonio.

La madre sostiene que su hija atravesaba un momento difícil con Ruiz Bolívar. Sin embargo, aquellas preocupaciones quedaron sepultadas por el disparo que terminó con su vida y por las distintas explicaciones que comenzaron a circular desde esa misma noche.

Un disparo y varias versiones

El 19 de noviembre de 2025, Liliana salió a comer con su esposo y otros dos uniformados. Durante ese encuentro recibió el impacto que le causó la muerte. De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, el proyectil salió del fusil de dotación de Hamilton Ruiz.

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La defensa del uniformado ha sostenido que se trató de un disparo accidental ocurrido mientras manipulaba el arma. Antes de esa explicación, alrededor del caso se habló públicamente de un posible ataque ejecutado por un francotirador. Ingrid asegura que la versión que llegó inicialmente hasta la familia fue todavía más concreta: su hija habría sido atacada por un guerrillero.

“Yo me entero de que mi hija murió hasta el otro día”, relató la madre. Según su testimonio, fue Hamilton quien se comunicó con la familia y le entregó aquella primera explicación.

“Yo le creí. Nunca me imaginé que fuera él”, agregó.

La familia cuestiona que no se le hubiera informado desde el comienzo que el disparo provenía del arma asignada al esposo de Liliana. También pide establecer por qué aparecieron versiones tan diferentes sobre un mismo hecho y qué ocurrió exactamente en el lugar donde la joven resultó herida mortalmente.

Denuncian presuntas irregularidades en la investigación

Las dudas de la familia también alcanzan las actuaciones desarrolladas durante la investigación. En septiembre de 2026, el abogado Saúl Orlando León Cagua presentó una denuncia contra un fiscal y tres investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, por presuntos delitos relacionados con el manejo del expediente.

La denuncia menciona posibles conductas de prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Estos señalamientos corresponden a la representación jurídica de la familia y deberán ser examinados por las autoridades competentes, que tendrán que establecer si existieron irregularidades.

El abogado también sostiene que, pese a los elementos probatorios que asegura haber incorporado al proceso, todavía no se habría celebrado una audiencia de formulación de imputación contra Hamilton Ruiz, a quien identifica como el principal sospechoso. Sobre él no existe, de acuerdo con la información suministrada, una decisión penal que determine su responsabilidad en la muerte de Liliana.

En el ámbito disciplinario sí se conoció una determinación. La Procuraduría habría sancionado a Ruiz Bolívar con siete años de inhabilidad por la indebida manipulación de su arma institucional. Para la familia, esa medida resulta insuficiente frente a las preguntas que continúan abiertas sobre las circunstancias del disparo.

Una madre que sigue esperando la verdad

Ingrid habla ahora porque siente que el paso de los meses ha prolongado la incertidumbre. Quiere saber qué sucedió durante aquella salida, quiénes estaban presentes, cómo fue manipulada el arma y por qué la familia recibió inicialmente una versión distinta.

También carga con el recuerdo de los mensajes de Liliana y con la dolorosa sensación de haber entendido demasiado tarde su temor de irse a Chiscas. Sin embargo, su reclamo actual está dirigido a las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia.

Diez meses después, el caso permanece abierto. La familia no pide que una sospecha sea convertida automáticamente en condena, pero sí que las pruebas sean valoradas, las contradicciones aclaradas y las posibles irregularidades investigadas. Mientras eso ocurre, Ingrid continúa esperando que le expliquen por qué su hija salió a comer aquella noche y terminó muerta por un disparo proveniente del fusil de su esposo.