Cinco tiros por una tierra: el crimen que destapó un despojo violento de tierras a una familia en Santa Marta
Un crimen a sangre fría en Masinga destapó un caso de despojo violento en zona rural de Santa Marta. La familia Peláez Losada denuncia presiones de un grupo armado para obligarlos a vender sus tierras. Tras el asesinato de uno de sus miembros, el Estado activó una ruta urgente de protección.
La advertencia que le hicieron fue contundente. O entregaban la tierra o los iban desapareciendo uno por uno.
La familia Peláez Losada decidió resistir. Y la respuesta llegó en forma de plomo.
El sábado 18 de abril, hombres armados irrumpieron en una vivienda del sector de Masinga, en el corregimiento de Bonda. Buscaban a uno de ellos. Lo encontraron. Y lo ejecutaron sin contemplación delante de su esposa.
Sintana Peláez Losada recibió cinco disparos dentro de su propia casa. Cayó frente a su familia. Su esposa, que estaba allí, también fue alcanzada por las esquirlas de bala. Sobrevivió. Él no.
El mensaje no cambió: entregan o mueren todos.
Un despojo anunciado
La familia denunció que este hecho que los llena de dolor y miedo, fue la consecuencia de una presión que venía creciendo.
Según denuncias de la familia, hombres vinculados a un grupo armado ilegal que opera en la zona venían obligándolos a vender dos predios rurales: uno en el sector de Marquetalia, sobre la Troncal del Caribe, y otro en Masinga, donde ocurrió el crimen.
La oferta era absurda: 30 millones de pesos por tierras que representan su historia, su sustento y su herencia. La respuesta fue negativa.
Después vinieron las amenazas. Las presiones. Los intentos de obligarlos a firmar documentos. Y finalmente, los disparos.
El miedo sigue vivo
El asesinato no cerró el capítulo. Lo agravó.
Hoy, la familia Peláez Losada vive bajo amenaza. Saben que no terminó. Que el mensaje no era solo para uno.
Entre los que hoy están en riesgo hay menores de edad, padres, hermanos. Una familia completa marcada por el miedo y la resistencia.
Aunque contaban con acompañamiento policial, la violencia logró romper cualquier cerco de seguridad.
La reacción del Estado
El caso obligó a una respuesta institucional.
Desde la Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena se activó una ruta urgente de atención para evitar que la tragedia escale.
La solicitud busca brindarles protección inmediata por parte de la Policía, intervención de la Unidad Nacional de Protección, investigación penal por parte de la Fiscalía y acompañamiento jurídico y de derechos humanos.
El objetivo: evitar que esta familia sea exterminada por negarse a vender.
La tierra o la vida
En Masinga ya no se habla solo de un homicidio. Se habla de control territorial. De grupos armados que imponen precios, condiciones y destino sobre quienes viven en esas tierras. Se habla de familias que deben elegir entre irse o morir. Y se habla de un patrón que se repite en silencio, lejos del ruido urbano, donde el Estado llega tarde y el miedo llega primero.
Porque aquí, en esta historia, la tierra no es solo tierra. Es la razón por la que matan.
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