El alcalde de Barranquilla advirtió que la Policía Nacional depende de recursos locales para operar, en medio del aumento de la extorsión y el control de bandas criminales en las ciudades.

La seguridad en Colombia dejó de ser una alerta para convertirse en un síntoma visible de desgaste institucional: ciudades bajo presión, delito en expansión y una fuerza pública que, según denuncias recientes, opera al límite de sus capacidades.

En ese contexto, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, lanzó una de las advertencias más duras que se han escuchado en los últimos meses. Desde el encuentro de Asocapitales, el mandatario no solo describió el panorama, sino que lo expuso con crudeza.

“Las ciudades estamos asfixiadas de la extorsión, del atraco de las bandas criminales que se insertaron en las ciudades”.

La frase no quedó en un diagnóstico. Lo que siguió elevó el tono de la discusión: una radiografía de una Policía que, en palabras del propio Char, sobrevive gracias al auxilio de las regiones.

“La Policía Nacional no tiene una moto, tuvimos que comprárselas todas nosotros; no tienen un radio, no tienen una cámara. Si no fuera por los presupuestos del Atlántico y de Barranquilla no tuvieran como moverse, ni siquiera tienen gasolina”.

Las palabras, lejos de ser una simple crítica administrativa, dejaron entrever una fractura más profunda: una institución que, según el relato del alcalde, ha quedado rezagada frente al avance del crimen urbano. La imagen que se proyecta es inquietante: patrullas detenidas, operativos limitados y una respuesta estatal que parece ir un paso detrás de las estructuras ilegales.

En medio de ese escenario, el señalamiento adquiere un tinte político inevitable. Char apuntó, sin rodeos, a la necesidad de un cambio en la relación entre el Gobierno nacional y los territorios. Sugirió que el país podría tomar otro rumbo si desde la Presidencia existiera una conexión real con lo que ocurre en las calles. “Arrancaría un periodo presidencial histórico en Colombia”, afirmó, al plantear la idea de un liderazgo que acompañe de forma directa a alcaldes y gobernadores.

El trasfondo de sus declaraciones coincide con cifras que refuerzan la preocupación: las ciudades capitales concentran cerca del 60 % de los delitos del país. Un dato que no solo explica la presión sobre los mandatarios locales, sino que también revela por qué el debate sobre seguridad se ha vuelto cada vez más tenso, más urgente y más político.

A la voz de Char se sumó la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también ha cuestionado la gestión del presidente Gustavo Petro. Desde su postura, existe un “abandono” hacia las regiones, una desconexión que —según plantea— se traduce en menor respaldo para enfrentar los desafíos cotidianos de seguridad.

“Qué fácil sería para ese presidente o presidenta acompañar a ese alcalde o gobernador en las cosas que están pasando en el día a día. Colombia sería diferente”, expresó Gutiérrez, en una declaración que refuerza la sensación de distancia entre los niveles de gobierno.

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Lo que ocurrió en la cumbre de Asocapitales terminó siendo más que un foro técnico: se transformó en un escenario de advertencias cruzadas, reclamos abiertos y una narrativa que pone en duda la solidez del sistema de seguridad.