Abogado culpa al Estado de comportamiento violento de joven señalado de matar a dos hermanas y pide su libertad


El abogado Rogelio Roldán denunció presuntas irregularidades en el proceso contra el adolescente investigado por el crimen de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández. Asegura que se están vulnerando las garantías del sistema penal juvenil y sostiene que el Estado también tiene responsabilidad en la conducta del joven.

El caso que estremeció al país ahora tiene un nuevo frente de batalla: el judicial.

Mientras la familia de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, espera justicia por el crimen que acabó con sus vidas en Malambo, Atlántico, la defensa del adolescente señalado como presunto coautor lanzó un duro cuestionamiento contra el proceso.

El abogado Rogelio Roldán, defensor del joven conocido como ‘El Mono’, aseguró que existen presuntas irregularidades en las audiencias y afirmó que el Estado no puede olvidar que quien está siendo procesado sigue siendo menor de edad.

La declaración no pasó desapercibida. En medio de un caso que ha generado indignación nacional, la defensa insiste en que el expediente no puede tratarse como si se tratara de un adulto.

“El Estado es el principal garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo el jurista al cuestionar el rumbo que ha tomado el proceso judicial.

El adolescente, de 17 años, está vinculado a la investigación por el asesinato de las dos hermanas, un crimen que generó conmoción en el Atlántico y que sigue bajo la lupa de las autoridades. Sin embargo, para su defensa, el debate jurídico no puede ignorar las reglas especiales que establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Roldán aseguró que una de las mayores preocupaciones radica en la solicitud de una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra su representado.

Según explicó, dentro del sistema penal juvenil este tipo de medidas son excepcionales y solo deben aplicarse cuando no exista ninguna otra alternativa. A su juicio, esa regla estaría siendo desplazada por la presión social que rodea el caso.

“La medida de aseguramiento en el sistema penal para adolescentes tiene una connotación excepcional, solo debe aplicarse cuando no haya otro medio”, afirmó.

Durante la audiencia realizada el pasado 6 de marzo de 2026, la defensa —integrada también por el abogado Juan Benavides, de la firma Legalpro— solicitó que el caso sea tratado bajo un modelo de justicia restaurativa.

Este mecanismo permitiría que el proceso avance sin que el adolescente permanezca privado de la libertad mientras se resuelve su situación judicial. Una petición que, en la práctica, busca cambiar el enfoque del proceso.

En esa misma diligencia, el joven se declaró inocente de los delitos que le atribuye la Fiscalía.

Sin embargo, el ente acusador sostiene una posición completamente distinta. Para la Fiscalía, la gravedad de los hechos investigados —que incluyen homicidio, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas— justifica una medida restrictiva de libertad.

Además, advierten sobre un posible riesgo de fuga.

El choque entre ambas posturas ahora queda en manos de la justicia.

Mientras tanto, el abogado defensor también lanzó una reflexión que abre otro debate: el papel del Estado frente a los menores que terminan enfrentando procesos penales.

Para Roldán, cuando un adolescente llega a un tribunal también queda en evidencia una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y las instituciones.

“Cuando un niño está siendo procesado es que el Estado falló y por eso se habla de corresponsabilidad”, aseguró.

Según explicó, durante la solicitud de la medida de aseguramiento se habrían presentado actuaciones que, desde su perspectiva, no respetaron plenamente las garantías procesales previstas para menores de edad.

Por ahora, los detalles de esas supuestas irregularidades permanecen bajo reserva judicial.

El proceso continúa.

Mientras los abogados discuten garantías, medidas y responsabilidades en los estrados judiciales, una familia sigue esperando respuestas por el crimen que acabó con la vida de dos hermanas.

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Un caso que todavía no se cierra.Y que aún tiene capítulos por escribirse en la justicia.


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