La exintegrante de Fuerza Ciudadana respondió duro a las declaraciones que la tildaron de ingrata y desleal. Reveló que fue obligada a someterse a pruebas de polígrafo, denunció humillaciones públicas y señaló directamente a Carlos Caicedo de ordenar prácticas de hostigamiento en su contra. Hoy asegura que teme por su vida y pidió protección del Estado.

La representante a la Cámara Ingrid Aguirre decidió dar más detalles sobre los motivos que llevaron a cambiarse de partido político al Liberal. Lo hizo después de que Fuerza Ciudadana, a través de su gerente liquidadora Adriana Trujillo, la señalara públicamente de ingrata y desleal tras su salida del movimiento y su llegada al Partido Liberal como aspirante a la Cámara de Representantes. 

La respuesta fue una denuncia directa por supuesta violencia política, maltrato, humillaciones y prácticas que, según afirma, cruzaron todos los límites.

En un nuevo comunicado, Aguirre sostuvo que su renuncia, presentada el 29 de octubre de 2025, no obedeció a traiciones ni cálculos electorales, sino a un “hostigamiento sistemático” dentro del proyecto caicedista. 

Ataques la obligaron a hablar 

Dijo que se fue en silencio, “con altura”, pero que la revictimización pública la obligó a hablar.

Una de las revelaciones más graves es que, según su versión, fue obligada a someterse a pruebas de polígrafo para demostrar su lealtad al movimiento. “Prácticas profundamente degradantes”, las calificó, señalando que estas decisiones habrían sido ordenadas por Carlos Eduardo Caicedo Omar y ejecutadas por Rafael Martínez.

Aguirre también se refirió a lo ocurrido durante la Gran Parada de Caimanes en el Festival Nacional del Caimán Cienaguero, episodio que Fuerza Ciudadana calificó como un acto folclórico. Para ella, fue un ataque deliberado. “En el Caribe demasiadas veces la violencia se disfraza de expresión cultural para justificar el grito, la humillación pública y el maltrato”, afirmó, anunciando que ya formalizó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La excongresista aseguró que no solo fue víctima de señalamientos públicos y presiones para renunciar a su curul, sino también de aislamiento político e invisibilización de su trabajo, pese a haber cumplido con sus responsabilidades frente al pueblo del Magdalena. 

El episodio, dijo, fue aún más doloroso porque —según su relato— se habría mancillado la honra de su madre fallecida al llamarla (hp), una educadora a la que describió como una mujer de principios “intachables”.

El detonante final fue el comunicado del 21 de enero de 2026 y la rueda de prensa del día siguiente, donde Adriana Trujillo reiteró que la salida de Aguirre estuvo marcada por “ingratitud y deslealtad”. Para Aguirre, esas palabras no solo la estigmatizan, sino que reproducen la violencia política en pleno contexto electoral.

“Hablar no es un acto de rabia, es un acto de dignidad”, sentenció. 

Teme por su vida 

En su pronunciamiento, advirtió que teme por su integridad física, por su vida y la de su familia, y solicitó acompañamiento y protección a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad Nacional de Protección.

La ruptura ya no es política: es una acusación nueva contra Fuerza Ciudadana y a su máximo líder en el centro de una denuncia por violencia política contra una mujer que decidió dejar el proyecto cansada según ella de maltratos y humillaciones.