El Gobierno Nacional ordenó la implementación obligatoria de atención psicológica gratuita en instituciones educativas públicas y privadas, una medida que busca responder al deterioro social del país sin trasladar costos a las familias.

La salud mental de niños y jóvenes se convirtió en prioridad dentro de la política educativa del Gobierno. El presidente Gustavo Petro dio la instrucción al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que todos los colegios del país cuenten de manera obligatoria con servicios de atención psicológica dirigidos a los estudiantes, como parte de una respuesta estructural a las problemáticas sociales que atraviesa Colombia.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario, las instituciones públicas deberán financiar este servicio con recursos del Estado, mientras que en el sector privado la obligación recaerá sobre los propios colegios, que deberán asumir los costos con sus utilidades. Petro afirmó que el reciente aumento del 23 % en el presupuesto educativo permite avanzar en la puesta en marcha de esta medida sin comprometer otras áreas del sistema.

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado cuestionó el manejo económico de algunos colegios privados, al advertir que, pese a los incrementos en matrículas y pensiones, los honorarios de los profesionales en psicología no reflejan mejoras proporcionales.

En ese contexto, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio vigilar posibles aumentos injustificados en los cobros educativos.

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El presidente fue enfático en que la obligatoriedad del servicio psicológico no puede convertirse en un nuevo factor de presión económica para los padres de familia.

Insistió en que la atención en salud mental debe asumirse como un componente esencial del proceso educativo y no como un servicio adicional sujeto a cobros extras.

Petro concluyó que la implementación de psicólogos en los colegios responde a una necesidad profunda del país y reiteró que su ejecución debe realizarse dentro de los márgenes financieros existentes, ya sea a través del presupuesto público o de los recursos internos de las instituciones privadas, garantizando así el acceso universal y gratuito para los estudiantes.