Aunque el proceso para la creación de un resguardo indígena sigue en estudio, en Taganga crece la preocupación entre comerciantes, pescadores, propietarios y residentes que aseguran desconocer cuáles serían las implicaciones para la propiedad privada, el turismo y la economía local. La comunidad pide que el trámite se suspenda hasta que exista una explicación pública y una concertación con todos los sectores.

Desde hace varios meses, habitantes del corregimiento de Taganga siguen con preocupación el proceso que adelantan las autoridades para estudiar la constitución de un resguardo indígena. Lo que más inquieta a una parte de la comunidad es que, según afirman, todavía nadie les ha explicado con claridad cómo podría cambiar la vida de quienes poseen viviendas, negocios o dependen del turismo y la pesca para subsistir.

Esa incertidumbre terminó llevando a decenas de personas a marchar hasta la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde solicitaron suspender el trámite mientras se abre un proceso de concertación en el que participen todos los habitantes del corregimiento.

Sin embargo, la movilización fue apenas la manifestación visible de una preocupación mucho más profunda.

«No sabemos qué puede pasar con nuestras casas»

José Cantillo, uno de los líderes comunitarios que ha seguido de cerca el proceso, asegura que la inquietud nació cuando conocieron que el Cabildo Indígena de Taganga avanzaba en las gestiones para obtener el reconocimiento del territorio como resguardo.

Según explica, la comunidad empezó a revisar la información disponible porque entendió que una decisión de ese tipo podría tener efectos importantes sobre la forma como hoy funciona el corregimiento.

«Lo que más preocupa es que nadie nos ha explicado realmente cuáles serían las consecuencias. Queremos saber qué puede pasar con nuestras viviendas, con las escrituras, con los negocios y con las familias que llevan generaciones viviendo aquí», afirmó.

Para Cantillo, la falta de información ha permitido que aumenten las dudas entre los habitantes.

Un pueblo que vive del turismo

La preocupación adquiere otra dimensión porque Taganga cambió profundamente en las últimas décadas.

Lo que alguna vez fue un pequeño pueblo dedicado casi exclusivamente a la pesca hoy depende en buena medida del turismo.
Hoteles, hostales, restaurantes, operadores de buceo, embarcaciones turísticas, tiendas, bares y cientos de pequeños negocios sostienen la economía del corregimiento.

Por eso, muchos empresarios temen que cualquier modificación en las reglas sobre el territorio pueda generar incertidumbre para futuras inversiones o afectar actividades económicas que hoy representan el sustento de miles de familias.

«Hay personas que han construido toda su vida aquí. Han comprado un lote, levantado una casa, abierto un restaurante o un hostal. Lo que quieren saber es si todo eso seguirá teniendo las mismas garantías», explica Cantillo.

Las dudas van más allá de la propiedad

Entre los habitantes también existen preguntas sobre cómo podría cambiar la administración del territorio y qué ocurriría con organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal y otras formas de participación que actualmente funcionan en Taganga.

Según el líder comunitario, el problema no radica únicamente en la propiedad privada.

«Queremos entender cuáles serían las nuevas reglas. Si van a cambiar, necesitamos conocerlas antes de que se tome cualquier decisión. Lo que pedimos es información y participación«, sostuvo.

Por esa razón, la comunidad insiste en que el proceso debe detenerse temporalmente hasta que todas las entidades involucradas expliquen de manera pública y sencilla cuáles serían los alcances reales del eventual resguardo.

Piden que nadie quede por fuera

Los habitantes aseguran que ya acudieron a la justicia mediante una acción de tutela para solicitar que el Ministerio del Interior los vincule formalmente al proceso.

Además, pidieron instalar una mesa pública con la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Santa Marta.

«Esto no puede discutirse entre unos pocos. Aquí vivimos miles de personas que tenemos derecho a saber qué está pasando y cómo puede afectar nuestro futuro», señaló Cantillo.

Según los cálculos de la comunidad, más de 7.000 habitantes podrían verse involucrados por las decisiones que se adopten alrededor del proceso.

Una discusión que apenas comienza

Los voceros de la movilización insisten en que su posición no pretende desconocer los derechos de las comunidades indígenas.
Por el contrario, sostienen que cualquier decisión sobre el territorio debe construirse respetando tanto esos derechos como los de quienes han desarrollado durante décadas su vida, su patrimonio y su actividad económica en Taganga.

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Mientras las entidades nacionales continúan evaluando la solicitud de constitución del resguardo, la mayor preocupación en el corregimiento sigue siendo la misma: que el futuro de Taganga termine definiéndose sin que la comunidad tenga claridad sobre las implicaciones jurídicas, económicas y sociales de una decisión que podría cambiar la forma en que ha vivido durante generaciones.