
Sin mejoras y con cobros más altos: otro aumento de energía golpea al Caribe
El servicio eléctrico volverá a costar más en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Mientras las familias enfrentan un nuevo aumento del 5,5 %, crecen las críticas contra la intervención de Air-e, una empresa que hoy carga deudas multimillonarias y sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
La factura de energía volvió a convertirse en una mala noticia para miles de hogares del Caribe colombiano. Cuando muchos usuarios esperaban una reducción en las tarifas, llegó exactamente lo contrario: un incremento del 5,5 % que golpeará los bolsillos de los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La decisión revive una molestia que nunca desapareció del todo. En una región donde las altas temperaturas obligan a mantener ventiladores, neveras y aires acondicionados funcionando durante buena parte del día, cualquier aumento en el costo del servicio termina impactando directamente la economía familiar.
Para muchos hogares, la discusión ya no es sobre ahorrar, sino sobre cuánto más tendrán que sacrificar para poder pagar la próxima factura.
La promesa de alivio terminó en otro aumento
Durante meses se habló de posibles medidas para reducir el costo de la energía. Había expectativas por decisiones regulatorias y por una eventual eliminación de la sobretasa del 20 % aplicada a la comercialización.
Sin embargo, nada de eso ocurrió.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) todavía no ha aprobado la resolución que, según organizaciones de usuarios, habría permitido una reducción cercana a los 50 pesos por kilovatio.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre quienes esperaban un respiro económico.
“Prácticamente se va a despedir porque ya se va en mes y medio con un aumento de la tarifa. ¿Cuándo debía ser lo contrario?”, cuestionó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe.
Dos años después, Air-e sigue en el centro de la tormenta
El aumento también reabrió el debate sobre la intervención de Air-e.
Cuando el Gobierno tomó el control de la empresa, la promesa era estabilizar el servicio, recuperar sus finanzas y evitar una crisis mayor en la región. Casi dos años después, los cuestionamientos son cada vez más fuertes.
Desde la Liga de Usuarios sostienen que la situación no mejoró y que, por el contrario, las cifras financieras muestran un deterioro preocupante.
Según los datos expuestos por la organización, la empresa pasó de tener obligaciones cercanas a los 560 mil millones de pesos antes de la intervención a acumular deudas que superarían los 2,5 billones de pesos entre compromisos anteriores y posteriores a la toma estatal.
“Yo creo que no solo no se solucionó nada en estos dos años, sino que se empeoró. La empresa estaba en cuidados intensivos”, afirmó Alarcón.
Una crisis que preocupa a toda la región
Las alarmas ya no están encendidas únicamente entre los usuarios.
Desde distintos sectores políticos y económicos del Caribe crece la preocupación por el futuro del sistema eléctrico. Uno de los pronunciamientos más fuertes ha sido el del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien calificó la situación como una amenaza para toda la región.
“El chicharrón que nos están entregando a Barranquilla y al Caribe es una bomba”, advirtió el mandatario.
Sus declaraciones reflejan el temor de que el problema trascienda el debate tarifario y termine afectando la estabilidad del servicio eléctrico en una zona donde la energía es indispensable para soportar las altas temperaturas.
El Caribe paga más y sigue esperando soluciones
Mientras expertos, autoridades y dirigentes discuten sobre regulaciones, deudas e intervenciones, la realidad es mucho más simple para millones de usuarios: la factura vuelve a subir.
La energía cuesta más, Air-e sigue enfrentando una crisis financiera de grandes proporciones y las promesas de alivio aún no se reflejan en los recibos que llegan cada mes a los hogares.
Por ahora, la única certeza para los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira es que tendrán que pagar más por un servicio cuya solución definitiva sigue sin aparecer en el horizonte.
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