La senadora magdalenense respondió a los señalamientos realizados por representantes de caficultores de Palmor, quienes la relacionaron con un conflicto de tierras y cuestionaron reuniones suyas con autoridades indígenas. Caicedo calificó las acusaciones de “injuriosas e infundadas”, aseguró que su nombre jamás ha formado parte del proceso de restitución y advirtió que acudirá a instancias legales para defender su buen nombre y seguridad.

La pelea por tierras en la Sierra Nevada de Santa Marta escaló ahora hasta los estrados judiciales. La senadora Patricia Caicedo anunció que emprenderá acciones legales luego de ser señalada por representantes de caficultores de Palmor de tener relación con actuaciones que, según los denunciantes, pondrían en riesgo la seguridad jurídica sobre sus predios.

Caicedo hizo un pronunciamiento en el que rechazó de frente las acusaciones, negó cualquier intervención suya en el proceso de restitución de tierras que se adelanta sobre esa zona y lanzó una pregunta directa a quienes la involucraron: “¿Por qué me involucran en eso?”.

La congresista sostuvo que los señalamientos carecen de pruebas y advirtió que podrían afectar mucho más que su imagen política. Según explicó, la exposición pública de esas acusaciones podría incluso comprometer su seguridad.

“Me veo en la obligación de tomar las medidas legales correspondientes para proteger mi ejercicio legislativo, mi buen nombre y mi seguridad”, afirmó.

El conflicto que desató la confrontación

Según relató Caicedo, el pasado 30 de agosto conoció una denuncia formulada por representantes de caficultores de Palmor, corregimiento de Ciénaga, en la que presuntamente se le relaciona con actuaciones alrededor de un conflicto de tierras.

Los cuestionamientos también fueron difundidos a través de un video publicado en una página de Facebook de Santa Marta. De acuerdo con la versión de la senadora, allí además se cuestionaron reuniones que habría sostenido con autoridades indígenas sin contar con el visto bueno de los caficultores.

La respuesta de Caicedo fue tajante: “O están confundidos o hay una mala intención de parte de ustedes”.

Para defenderse, la congresista presentó una cronología con la que busca demostrar que el litigio es anterior a cualquier intervención que pretendan atribuirle. Señaló que el conflicto aparece desde 2024 dentro de un proceso de caracterización adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras.

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Posteriormente, según su explicación, la misma entidad presentó una demanda en 2025 ante un juez civil del circuito especializado en restitución de tierras de Santa Marta. El proceso habría sido admitido en febrero de 2026.

“Como pueden ver, en ninguna parte de ese proceso aparece mi nombre”, sostuvo.

“Yo no tengo nada que ver con esa demanda”

Caicedo insistió en que carece de facultades para intervenir tanto en las decisiones de los jueces como en las actuaciones de la Unidad de Restitución de Tierras.

También hizo una precisión sobre su trayectoria profesional. Explicó que trabajó como asesora de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, una entidad distinta, y recalcó que tampoco ocupó allí un cargo directivo que le permitiera adoptar decisiones sobre situaciones como la que actualmente enfrenta a campesinos y comunidades alrededor de la propiedad de los predios.

“Yo no soy jueza de la República, no tomo tampoco decisiones dentro de la Unidad de Restitución de Tierras, nunca he tenido relación con la Unidad de Restitución de Tierras”, manifestó.

Luego envió un mensaje buscando dejar claridad frente al tema: “Señores, yo no tengo nada que ver con la demanda que les están haciendo la Unidad de Restitución de Tierras y los jueces de la República sobre sus predios, de ninguna manera”.

Rechazó que tenga que pedir permiso para reunirse con indígenas

La senadora también respondió al cuestionamiento relacionado con sus encuentros con autoridades indígenas de la Sierra Nevada. En este punto dejó claro que continuará reuniéndose con estas comunidades cuando considere necesario abordar asuntos relacionados con el territorio.

Caicedo aseguró que como congresista puede sostener encuentros para discutir conservación ambiental, protección del agua, patrimonio cultural y defensa de la Sierra Nevada sin solicitar autorización a otros sectores.

“Yo no tengo por qué solicitar autorización de parte de ustedes para adelantar encuentros con autoridades, amigos o comunidades indígenas”, afirmó.

La congresista anticipó además que trabaja en la presentación del denominado Plan Sierra Nevada de Santa Marta, una iniciativa que, según explicó, pretende involucrar a organizaciones campesinas, comunidades indígenas, actores turísticos, alcaldes, gobernadores y otros sectores de los tres departamentos que comparten este macizo.

Anuncia acciones legales

Caicedo aseguró que, si los caficultores buscaban respaldo institucional para afrontar el conflicto que los afecta, podían haber solicitado directamente un encuentro con ella.

“Si ustedes necesitaban que los escuchara para que desde el Congreso se buscara algún tipo de respaldo para dar solución a la problemática que los viene afectando, pues me hubiesen buscado y con gusto yo los atendía”, expresó.

Sin embargo, después de que los señalamientos llegaron al escenario público, la senadora decidió cambiar el diálogo por una respuesta jurídica. Calificó las acusaciones como “injuriosas e infundadas” y aseguró que carecen de soportes que demuestren una intervención suya en el proceso.

Ahora la controversia entra en una fase más delicada. Mientras los caficultores mantienen sus preocupaciones alrededor del conflicto territorial que enfrentan en Palmor, Patricia Caicedo busca sacar su nombre de esa disputa y advierte que llevará ante las autoridades a quienes, según ella, la vincularon sin pruebas.

“Ante las falsas acusaciones debo tomar acciones legales para proteger mi integridad, mi labor como congresista y mi buen nombre”, sentenció la senadora, quien aseguró que continuará trabajando alrededor de la protección de la Sierra Nevada y sus comunidades.