El alcalde acudió a la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo por los señalamientos que hizo después del ataque a tiros denunciado por la excandidata a la Cámara Naylea Barros. El congresista relacionó lo sucedido con denuncias de presunta corrupción contra la Alcaldía de Santa Marta, pese a que las autoridades todavía no han determinado el móvil del ataque ni quiénes fueron sus responsables.

El ataque a tiros denunciado por la ex candidata a la Cámara, Naylea Barros abrió una peligrosa pelea política. Mientras la Policía y la Fiscalía intentan establecer quién disparó y por qué, el caso ya produjo otra batalla: el alcalde Carlos Pinedo Cuello llevó ante la Corte Suprema de Justicia al senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo por relacionar públicamente el atentado con denuncias de presunta corrupción contra su administración.

Este miércoles 26 de agosto, Pinedo presentó, a través de su apoderado, una querella ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el congresista del Pacto Histórico.

La acción se sustenta en la presunta comisión del delito de calumnia y, de manera subsidiaria, en posibles conductas de calumnia e injuria indirectas e injuria.
La controversia tiene como origen las publicaciones realizadas por Ocampo después de conocerse el ataque contra Barros. El senador sostuvo que lo ocurrido estaría relacionado con las denuncias que la excandidata había realizado contra la administración de Pinedo.

El problema es que esa conexión, hasta el momento, no ha sido establecida por las autoridades.

Los disparos que desataron la tormenta

La controversia comenzó el lunes, cuando Naylea Barros denunció que fue atacada a tiros mientras se movilizaba en un vehículo junto a un familiar en Santa Marta.

Barros salió ilesa, pero posteriormente contó públicamente lo sucedido y aseguró que el episodio se sumaba a meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones. La excandidata reclamó una investigación que permita establecer quién estuvo detrás del ataque y cuáles fueron sus motivaciones.

El caso provocó preocupación por tratarse de una mujer que ha tenido participación política y que mantiene presencia activa en redes sociales, donde ha cuestionado asuntos de la administración distrital.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre los hechos conocidos y las interpretaciones políticas surgidas posteriormente: las autoridades todavía no han determinado que los disparos tengan relación con esas denuncias.

Tampoco se ha informado oficialmente quién ordenó el ataque, quién disparó ni cuál habría sido el móvil. En medio de ese vacío apareció el pronunciamiento del senador Ocampo.

El mensaje del senador que terminó ante la Corte

Después de conocerse el caso, Jorge Alejandro Ocampo reaccionó a través de su cuenta en X y vinculó lo sucedido con las denuncias que Barros había realizado contra la Alcaldía.

El congresista afirmó que el ataque habría ocurrido “por denunciar la corrupción en Santa Marta” y recordó que semanas atrás la excandidata había divulgado videos cuestionando la gestión de Carlos Pinedo.

Ese señalamiento encendió la confrontación.
Para el alcalde, las palabras del senador dejaron de ser una opinión política y terminaron vinculando su administración con un hecho de extrema gravedad sin que exista hasta ahora una conclusión de las autoridades que respalde esa relación.

Por esa razón decidió pasar de la discusión en redes sociales a los tribunales.
La querella plantea que las afirmaciones del congresista podrían afectar la honra y el buen nombre del mandatario y configurar conductas contempladas en la legislación penal colombiana. Será la justicia la encargada de determinar si efectivamente ocurrió así.

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El ataque contra Barros terminó convertido, en cuestión de horas, en combustible para una confrontación que ya supera la discusión sobre seguridad en Santa Marta.
Precisamente por eso, el esclarecimiento del atentado resulta determinante.

Hasta que los investigadores establezcan las causas, cualquier vínculo entre el ataque, las denuncias realizadas por Barros y sectores de la administración distrital permanece en el terreno de las afirmaciones políticas y deberá ser sustentado ante las autoridades competentes.

Pinedo decidió que el senador responda judicialmente por las suyas.