La acusación sobre presuntos cobros de $90 mil para acceder a citas se volvió viral y provocó la reacción de la Gobernación. Sin embargo, la Oficina de Pasaportes aseguró que hasta ahora nadie ha presentado denuncias, pruebas o información que permita investigar los supuestos hechos de corrupción.

La Oficina de Pasaportes del Magdalena salió a responder la controversia generada por las denuncias en redes sociales sobre una supuesta venta de citas para tramitar este documento. La entidad fue clara: hasta la fecha no existe ninguna denuncia formal que respalde esas acusaciones.

La aclaración fue hecha por la directora de la Oficina de Pasaportes, Carmen García, quien aseguró que la dependencia no ha recibido reportes oficiales de ciudadanos que afirmen haber pagado dinero para obtener una cita ni ha sido informada de casos concretos que permitan abrir una investigación.

La denuncia que encendió la polémica

La controversia comenzó cuando la ciudadana Vanessa Bermúdez publicó en la red social X una acusación en la que señalaba que supuestamente debía pagar 90 mil pesos para acceder a una cita de renovación de pasaporte en Magdalena.

El mensaje tuvo amplia difusión y generó decenas de reacciones de ciudadanos que exigieron explicaciones sobre el funcionamiento del sistema de asignación de citas.

La publicación también llamó la atención de la gobernadora Margarita Guerra, quien respondió públicamente solicitando información detallada sobre los hechos denunciados.

Pidieron pruebas, pero no llegaron

Tras conocer la acusación, la mandataria invitó a la ciudadana a entregar nombres, evidencias y detalles que permitieran identificar a los presuntos responsables.

La intención era establecer si realmente existía una estructura dedicada a cobrar dinero por trámites que deben realizarse de manera legal y transparente.

Sin embargo, según informó la Oficina de Pasaportes, hasta el 7 de junio de 2026 ninguna persona había radicado denuncias relacionadas con los supuestos cobros de 90 mil pesos. Tampoco se han aportado documentos, testimonios o elementos probatorios que permitan verificar la información difundida en redes sociales.

Sin denuncias, no hay investigación

La entidad explicó que actualmente no existe ningún proceso administrativo ni investigación interna relacionada con estos señalamientos debido a que no hay una denuncia formal sobre la cual actuar.

Desde la Gobernación reiteraron que cualquier posible hecho de corrupción debe ser puesto en conocimiento de las autoridades a través de los canales institucionales para que pueda ser investigado y se determinen responsabilidades.

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Por ahora, el debate sigue vivo en las redes sociales. Lo que aún no aparece es la denuncia oficial que permita establecer si detrás de las acusaciones existe realmente una red de cobros ilegales o si todo quedó reducido a una publicación viral sin sustento ante las autoridades.