Tras los videos de niños y las denuncias de 300 familias cafeteras que aseguran temer perder sus fincas, la Unidad de Restitución de Tierras aseguró que ningún desalojo ha sido ordenado y que será un juez quien defina los derechos sobre los predios reclamados por comunidades indígenas.

Las imágenes de niños pidiendo ayuda al presidente electo Abelardo de la Espriella lograron que un conflicto jurídico de la Sierra Nevada saliera de los despachos judiciales y llegara a todo el país. Con cartas en la mano, los menores hablaron del miedo a perder las tierras donde crecieron junto a sus familias cafeteras.

El mensaje generó una ola de preocupación en Palmor, corregimiento de Ciénaga, donde cerca de 300 familias aseguran que procesos de restitución de tierras podrían dejarlas sin las fincas que durante décadas han cultivado con café.

Ante esas denuncias, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Magdalena y Atlántico, José Humberto Torres, en diálogo con Entérate en Línea respondió punto por punto a los cuestionamientos de la comunidad.

“Nuestra misión no es quitar tierras”

Torres fue enfático en afirmar que la entidad no busca despojar a ningún campesino.

“La misión de la Unidad de Restitución no es quitarle tierra a nadie. Nuestra función es devolverles los derechos a quienes fueron despojados o tuvieron que abandonar sus territorios por causa del conflicto armado”, explicó.

Según indicó, el proceso corresponde a una demanda presentada en favor de comunidades kogui sobre aproximadamente 7.000 hectáreas ubicadas dentro del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco.

Antes de acudir a los jueces, aseguró que la entidad realizó durante tres años estudios sociales, ambientales, jurídicos y catastrales.

¿Quién puede resultar afectado?

Uno de los puntos que más inquieta a los campesinos es la posibilidad de perder sus predios.

Frente a ello, Torres explicó que los estudios identificaron cerca de 59 predios cuyos ocupantes podrán intervenir dentro del proceso judicial.

Cada uno tendrá la oportunidad de demostrar cuál es su relación jurídica con la tierra.

Podrán acreditar si son propietarios, adjudicatarios del antiguo Incora o Incoder, poseedores de buena fe o terceros ocupantes.

“Será el juez quien establezca quién tiene derechos sobre cada predio”, señaló.

No habrá desalojos inmediatos

El funcionario insistió en que es falso que exista una orden de desalojo.

Aseguró que la Unidad nunca ha solicitado sacar campesinos de las fincas ni ha pedido medidas administrativas para expulsarlos del territorio.

Incluso explicó que la ley contempla diferentes alternativas.

Entre ellas está la posibilidad de compensar económicamente a las comunidades indígenas reclamantes sin necesidad de desplazar a quienes actualmente ocupan algunos predios.

También podrían recibir compensaciones los terceros de buena fe.

Todo dependerá de las pruebas que se presenten durante el proceso.

Una decisión que tardará años

Contrario a la preocupación instalada entre los campesinos, Torres aseguró que el litigio apenas comienza.

La demanda fue admitida hace pocos meses y ahora inicia la etapa de notificación a las personas que puedan resultar interesadas.

Posteriormente vendrá la práctica de pruebas y las audiencias judiciales.

Por esa razón estima que una decisión difícilmente llegará antes de tres o cuatro años.

Críticas por utilizar niños

Uno de los apartes más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con los videos protagonizados por menores.

El funcionario nacional calificó la situación como una instrumentalización de los niños para generar miedo.

Consideró incluso que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debería revisar si existe vulneración de derechos al involucrarlos en una controversia judicial.

“Los adultos son quienes deben defender sus intereses dentro del proceso. No los niños”, manifestó.

¿Hay desinformación?

El director fue más allá.

Afirmó que alrededor del proceso se han construido versiones que no corresponden a la realidad jurídica.

Incluso sostuvo que existen sectores interesados en hacer creer que la restitución significa desalojos masivos cuando esa posibilidad ni siquiera ha sido discutida por los jueces.

También aseguró que algunos grandes productores conocen que deberán demostrar jurídicamente la forma como adquirieron los predios.

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Un proceso que apenas empieza

Mientras los campesinos continúan expresando su preocupación y esperan respaldo institucional, la Unidad de Restitución de Tierras insiste en que nadie perderá automáticamente sus terrenos.

La discusión apenas inicia y será la justicia la que determine, caso por caso, quién conserva derechos sobre cada predio y cuáles mecanismos de reparación deberán aplicarse.