La propuesta busca modernizar una ley que lleva más de 20 años vigente en Colombia para mejorar la seguridad vial y reducir gastos y trámites.

El Ministerio de Transporte recogerá las opiniones de conductores y otros sectores para tener el texto definitivo entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.

Una reforma para actualizar el Código Nacional de Tránsito avanza en el Gobierno de Abelardo de la Espriella con cuatro pilares centrales: la creación de una licencia por puntos, el cobro de multas proporcionales, la revisión de las inmovilizaciones y posibles cambios en el SOAT.

El objetivo de esta iniciativa es renovar una ley que supera las dos décadas de vigencia en Colombia, buscando proteger la vida en las vías y, al mismo tiempo, bajar los costos y facilitar los trámites para conductores, motociclistas, ciclistas y demás actores viales.

Uno de los cambios principales que plantea el Gobierno es la implementación de una licencia de conducción por puntos.

Bajo este modelo, los conductores irán perdiendo puntos cada vez que cometan una infracción y, si agotan todo su saldo, perderán el derecho a manejar.

De la mano con esta medida se establecen las multas proporcionales a la gravedad de cada falta, de modo que las conductas que pongan en mayor peligro la vida tengan castigos más duros, mientras que las faltas leves reciban sanciones menores y acordes con su nivel de riesgo.

La reforma también pone la lupa sobre las inmovilizaciones de vehículos.

El Ejecutivo estudia en qué situaciones es realmente necesario llevar un carro o una moto a los patios, con el propósito de revisar los altos costos que implican tanto los patios como el servicio de grúas.

En ese mismo frente de control, se revisará el funcionamiento de las cámaras de fotodetección para garantizar que operen de manera correcta, cuenten con la debida señalización y estén ubicadas únicamente en puntos donde ayuden a prevenir accidentes.

Otro de los ajustes clave tiene que ver con el SOAT y el papeleo.

El Gobierno analiza la posibilidad de ampliar la vigencia de este seguro obligatorio hasta por tres años para las motocicletas, aunque todavía falta definir cuánto costará, cómo se pagará y cuáles serán sus condiciones.

A esto se suma la revisión de los tiempos exigidos para la revisión técnico-mecánica y un impulso a los documentos digitales, buscando simplificar trámites y evitar que los ciudadanos deban entregar información que el Estado ya tiene en su poder.

Por ahora, el proyecto sigue en fase de construcción.

El Ministerio de Transporte ha realizado distintos encuentros con transportadores, motociclistas, ciclistas y conductores para escuchar sus aportes antes de redactar la versión final.

Según lo previsto por el Gobierno, los textos definitivos estarán listos entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre, fecha en la que las ideas recogidas se convertirán en una propuesta normativa formal.