La crisis del agua obliga miles de familias a depender del líquido empacado; sin embargo, operativos del Dadsa revelaron un riesgo sanitario que pone en jaque la salud pública.

En Santa Marta, tomar agua de la llave nunca ha sido una opción. Durante años, los habitantes de la ciudad más antigua de América han tenido que resolver por su cuenta cómo cocinar, preparar teteros y beber sin enfermarse. Hoy, ni siquiera hervirla alcanza: las tuberías están obsoletas, el agua llega en mal estado desde pozos o carrotanques y el riesgo se mantiene.

Esa realidad obligó a la ciudad a depender del agua empacada. Pero lo que parecía una solución terminó destapando otro problema: fábricas clandestinas que venden agua en condiciones insalubres y que, en lugar de proteger la salud, la están poniendo en peligro.

El negocio que se multiplicó en todos los barrios

Con la demanda disparada, en Santa Marta se expandieron las llamadas empresas “purificadoras”. Negocios que instalan sistemas de captación, filtrado y empaque, y distribuyen el producto casa a casa en motocarros.

Están en todas partes. Desde sectores populares hasta zonas como El Rodadero. Algunas operan con estándares adecuados. Otras, según las autoridades, funcionan al margen de cualquier control.

Reducen costos donde no deberían: en la calidad del agua.

En ese sentido, lo que comenzó como una solución para la ciudad se ha convertido, en muchos casos, en un problema silencioso.

Operativos que destaparon lo que se estaba consumiendo

Las denuncias ciudadanas encendieron las alarmas. El Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) intensificó operativos y lo que encontró fue más grave de lo esperado.

“Desde que iniciamos estos operativos ya son cuatro las fábricas localizadas con graves condiciones inadecuadas de operación”, afirmó Paola Gómez, directora de la entidad.

Las irregularidades se repiten: captación ilegal mediante conexiones fraudulentas, pozos profundos sin permisos, filtros deteriorados, tuberías con moho y presencia de animales en zonas de procesamiento.

El último caso fue detectado en El Rodadero, un sector turístico de estrato 6, en una vivienda que operaba como planta de agua.

Lo que vieron al entrar no dejó dudas. “Nada más subiendo la escalera usted ve que las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Hay gatos y roedores. En estas condiciones es imposible vender agua para consumo humano”, se escucha en el audio del operativo.

Agua contaminada que llega a las casas

El riesgo es total. Esa agua contaminada se consume todos los días. Se usa para preparar alimentos y, en muchos casos, para alimentar a niños.

“Usted no sabe qué le pasa a una mamá si un hijo se enferma. Le da gastroenteritis a un niño por vender agua supuestamente potable”, reclamó la directora del Dadsa a la propietaria durante la inspección.

La funcionaria señala que la condiciones encontradas elevan las probabilidades de enfermedades gastrointestinales y bacterianas. El moho en las tuberías, el almacenamiento inadecuado y la ausencia de procesos de purificación convierten el producto en un riesgo sanitario.

Paola Gómez sobre todo lo detectado aseguró “encontramos graves falencias en las condiciones sanitarias e higiénicas. El manejo y almacenamiento del agua eran inadecuados y la captación no corresponde a la reglamentación”.

La presencia de animales dentro de las instalaciones terminó de confirmar el nivel de contaminación.

Sellamientos, sanciones y procesos judiciales

Ante este panorama, las autoridades activaron medidas inmediatas. Cada establecimiento que incumple es sellado y suspendido.

“La suspensión de actividades es inmediata. Se impone una medida preventiva y se inicia un proceso sancionatorio”, explicó la directora del Dadsa.

La Policía Ambiental acompaña los operativos y vigila que los negocios no vuelvan a funcionar. Además, los casos más graves se trasladan a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía.

Incluso, durante las inspecciones se ha planteado la posibilidad de capturas.

“Es un atentado contra la salud. Estas personas podrían enfrentar procesos judiciales”, advirtió un funcionario en el lugar.

Las máquinas selladoras son decomisadas y el proceso continúa bajo investigación.

Una crisis estructural que sigue sin resolverse

El problema de fondo permanece. Mientras Santa Marta no garantice agua potable de forma continua y segura, la ciudad seguirá dependiendo de alternativas informales.

Ese vacío es el que aprovechan estos negocios.

Algunas empresas cumplen con la normativa e incluso solicitan inspecciones voluntarias. Otras operan en la sombra, priorizando ganancias sobre la salud.

“Esperamos visitar cada una de las que tenemos en el listado. Invitamos a la ciudadanía a denunciar irregularidades”, señaló Paola Gómez.

El llamado: no todo lo que parece agua potable lo es

Las autoridades insisten en que la comunidad debe ser más cuidadosa al momento de comprar. Verificar el origen del producto, las condiciones del establecimiento y desconfiar de precios bajos puede marcar la diferencia.

En Santa Marta, el agua dejó de ser un servicio confiable hace tiempo. Pero ahora, incluso la alternativa que parecía segura está bajo sospecha.

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La ciudad enfrenta una paradoja peligrosa: para evitar enfermarse, muchos terminan consumiendo agua que también puede enfermarlos.