El mandatario electo planea fijar el valor de la póliza entre los 40 y 50 mil pesos como estrategia para combatir el alto índice de evasión en el país.

El panorama del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia se encamina hacia una reforma tarifaria debido al cambio de gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales de campaña, en el territorio nacional transitan alrededor de 13 millones de motos, de las cuales cerca del 80 % no cuenta con esta cobertura vigente.

Ante este escenario, la estrategia de la nueva administración consiste en derribar el obstáculo económico que representa el precio actual, facilitando que los usuarios se pongan al día y garantizando los recursos necesarios para la atención médica en las carreteras.

Para resolver este problema de cobertura, la política del nuevo ejecutivo no plantea la gratuidad del servicio, sino una reducción drástica de su precio.

El presidente electo sostuvo textualmente que no hay que regalarle un seguro a la gente, sino que hay que darle un seguro barato, de 40 o 50 mil pesos, para que se pueda tramitar eso.

Con esta modificación, se busca incluir a la legalidad a los conductores que emplean este tipo de vehículos como su principal fuente de ingresos laborales y medio de transporte de uso diario, aclarando que la normativa mantendrá el carácter de obligatoriedad para todo el parque automotor.

Este plan técnico toma fuerza tras la jornada electoral del pasado 21 de junio de 2026.

Al imponerse por un margen superior a los 240.000 votos frente a Iván Cepeda en el preconteo oficial, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de la República, lo que ubica sus promesas programáticas en el centro de las decisiones nacionales.

Durante su campaña, el líder político reiteró que la falla del modelo no radica en la obligatoriedad del documento, sino en la falta de capacidad adquisitiva de la población para adquirirlo.

A partir de este resultado en las urnas, el proyecto entra en su fase de diseño institucional para ampliar la base de ciudadanos protegidos por el sistema de salud vial.

Al tratarse de un lineamiento de la administración entrante, la iniciativa legal se encuentra en estado de propuesta gubernamental.

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Por este motivo, el texto final deberá someterse a los debates correspondientes dentro de los canales jurídicos y legislativos del Estado antes de ser de obligatorio cumplimiento en el país.