El ente acusador rechazó la petición presidencial de suspender las órdenes de detención contra 29 jefes de la organización, argumentando que el grupo armado aún no cumple con las condiciones legales mínas para recibir beneficios judiciales.

La Fiscalía General de la Nación decidió no acceder a la petición del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 de los principales líderes del Clan del Golfo, organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

A pesar del interés del Gobierno nacional por avanzar en una «conversación sociojurídica» con esta estructura, la jefa del ente investigador determinó que la justicia debe prevalecer sobre las gestiones políticas. A través de una resolución oficial, el organismo confirmó que los operativos de búsqueda y aprehensión contra estos cabecillas continúan vigentes en todo el territorio nacional.

Entre los afectados por la negativa de la Fiscalía se encuentra Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, quien funge como el máximo jefe de la agrupación criminal.

La decisión de mantener activa su orden de captura es especialmente relevante debido a que Ávila enfrenta un proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos. Con este pronunciamiento, el ente acusador deja claro que los compromisos de la justicia y los requerimientos internacionales no serán suspendidos simplemente por el inicio de acercamientos con el Ejecutivo.

Para la Fiscalía, la posibilidad de levantar estas órdenes de captura no es un paso inmediato ni automático, sino que depende de hechos verificables.

La resolución condiciona cualquier alivio judicial a que el Clan del Golfo demuestre una voluntad real de paz mediante tres acciones concretas: el cese de los ataques contra la población civil en el marco del Derecho Internacional Humanitario, la liberación de todos los menores de edad reclutados y el abandono definitivo de sus fuentes de financiamiento ilícito.

Mientras estas exigencias no se cumplan, la policía judicial tiene la orden de seguir persiguiendo a la cúpula del grupo.

Finalmente, la institución fijó una postura técnica respecto a las Zonas de Ubicación Temporal que se han planteado para el proceso. La Fiscalía advirtió que cualquier espacio de concentración debe estar sujeto a parámetros legales estrictos y a sistemas de vigilancia que aseguren que el sometimiento a la justicia sea real.

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Al rechazar la solicitud presidencial, el ente investigador reafirma que el proceso de paz con este grupo armado debe transitar por un camino estrictamente jurídico, donde la ley no se detiene hasta que existan garantías plenas de que el grupo ha dejado de delinquir.