Durante casi cinco años, una mujer recibió quimioterapia y tratamientos invasivos por una enfermedad inexistente. La justicia determinó que el error médico le dejó secuelas permanentes y un profundo daño emocional.

Una revisión clínica previa a una intervención ortopédica, realizada en un hospital de la región de la Toscana, desencadenó una cadena de decisiones médicas que alteraron de forma irreversible la vida de una mujer italiana. En 2006, cuando tenía 47 años, algunos resultados de laboratorio fuera de rango llevaron a los médicos del Hospital de Volterra a remitirla a un centro universitario de mayor complejidad.

Fue en el Hospital Universitario de Pisa donde se estableció un diagnóstico que más tarde resultaría completamente equivocado: un supuesto linfoma no Hodgkin tipo MALT. A partir de 2007, la paciente fue sometida a repetidos ciclos de quimioterapia, además de tratamientos prolongados con esteroides y corticoides, terapias que, según determinó la justicia, nunca debieron aplicarse.

El impacto de estas decisiones fue devastador. Con el paso de los años, la mujer desarrolló un marcado deterioro físico, agotamiento crónico y múltiples secuelas asociadas a los medicamentos. Su rutina diaria y su estabilidad laboral también se vieron afectadas, obligándola a reducir su actividad profesional como agente de seguros y a enfrentar restricciones temporales para conducir. Todo ello se agravó por la carga emocional de vivir convencida de que padecía una enfermedad potencialmente mortal.

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Las dudas sobre la veracidad del diagnóstico persistieron hasta que, en 2011, la paciente decidió acudir a un centro médico en Génova para una nueva evaluación. Exámenes más exhaustivos y nuevas biopsias descartaron cualquier tipo de cáncer. Ante la negativa del hospital que emitió el diagnóstico inicial de asumir responsabilidades, la mujer optó por llevar el caso a los estrados judiciales.

La Corte de Apelación de Florencia concluyó recientemente que los síntomas nunca fueron compatibles con un linfoma y que los tratamientos administrados causaron un daño significativo. En su fallo, el tribunal reconoció una invalidez permanente del 60 %, subrayando que el perjuicio no se limitó a lo médico, sino que afectó de manera profunda su proyecto de vida, al someterla durante años a una angustia constante por una enfermedad que jamás existió