Un llamado urgente al Congreso de la República busca destrabar la aprobación de la ley de sometimiento a la justicia, señalada como la herramienta clave para desmantelar las estructuras criminales, exigir verdad y reparación a las víctimas, y abrir una salida jurídica que devuelva la tranquilidad a las comunidades afectadas por el conflicto.

Jennifer del Toro, Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, hizo un llamado directo a los congresistas de la República, y de manera muy especial a la bancada del departamento del Magdalena, para que respalden y lleven a feliz término el trámite del Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara – 296 de 2026 Senado, conocido como la Ley de Sometimiento.

En su pronunciamiento, la funcionaria fue clara en señalar que la capital del Magdalena no podrá convertirse en una sociedad estable y con futuro si el Estado no logra desarmar y desmontar a las organizaciones criminales que han sembrado el temor en la región durante las últimas décadas.

Jennifer del Toro advirtió sobre la necesidad de avanzar en el desmonte de estas estructuras y expresó: “Santa Marta no será una sociedad viable si no logramos desmontar las estructuras criminales que operan en este territorio desde hace varias décadas”.

La petición surge para dar respuesta a un dilema que el país lleva años tratando de resolver. Desde el 2023, la Corte Constitucional dejó establecido en su Sentencia C-525 que la responsabilidad de fijar los parámetros para que los grupos al margen de la ley se entreguen a la justicia recae únicamente en el Congreso, priorizando siempre la protección y los derechos de las personas afectadas por la violencia.

Sin embargo, como las propuestas presentadas por el gobierno anterior no consiguieron convertirse en ley, se generó una falta de norma que las bandas armadas usaron a su favor para multiplicarse mientras los ciudadanos de a pie pagaban los platos rotos.

Frente a este panorama, del Toro resaltó que el proyecto actual recoge enseñanzas de experiencias pasadas para ofrecer un camino transparente y con reglas muy claras. Entre sus puntos clave, la iniciativa define cuáles serán las rebajas de cárcel según la ayuda otorgada a las autoridades y el rol de cada integrante, traza un camino diferente para quienes forman parte de las redes de apoyo, exige verificar la identidad de cada persona que quiera acogerse, exige contar la verdad y reparar a las víctimas, y retira inmediatamente todos los beneficios si se llega a fallar en lo acordado.

Todo este proceso se realizaría bajo un control estricto de los jueces.

Para una región tan golpeada por el conflicto como la Sierra Nevada, este avance resulta determinante. Luego de que se cerraran los escenarios de diálogo anteriores, la Ley de Sometimiento queda como la opción principal para que los integrantes de estas estructuras salgan de la ilegalidad, detengan los ataques a las comunidades y entreguen recursos para reparar el daño causado.

Aunque se reconoce que una sola ley no va a erradicar de golpe problemas tan hondos como las economías ilegales, la pobreza en el campo o la falta de presencia del Estado, sí abre la puerta que las regiones están pidiendo a gritos.

“Por supuesto, una ley no terminará por sí sola con un conflicto que también se alimenta de las economías ilegales, de la pobreza rural y de la débil presencia institucional, pero sí puede abrir una salida que hoy los territorios necesitan”.

Finalmente, la funcionaria enfatizó que la norma solo dará resultados reales si viene acompañada de una presencia estatal permanente en los territorios. Por eso, pidió que el Gobierno Nacional y las autoridades de la zona trabajen de forma coordinada, destinen recursos para la reparación de los afectados y realicen una intervención social integral que impida que otras bandas vengan a ocupar los territorios que queden libres.

“Confío en que el Congreso de la República asumirá esta responsabilidad con la seriedad que exige el momento y con la mirada puesta en las víctimas y en los territorios que más han sufrido”.

Con este esfuerzo conjunto, las familias de la Sierra Nevada podrán comenzar a ver la posibilidad de vivir en paz y sin la amenaza constante de las armas.