El informe presentado por la Fiscalía en la audiencia de imputación señala que la recién nacida habría sido extraída con vida durante el crimen. Por estos hechos, cinco personas fueron capturadas y enfrentan cargos por feminicidio y desaparición forzada.

Determinar con certeza el estado de la bebé Alahia Moncayo Potosí al momento de ser extraída del vientre de su madre se convirtió en el eje central de la investigación que adelantan las autoridades en Cali.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía General de la Nación, los exámenes y testimonios del caso apuntan a que la menor nació con vida durante una intervención quirúrgica no médica realizada a María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que fue retenida y asesinada el pasado 16 de julio de 2026 en el sector de Polvorines.

En ese sentido, el ente acusador sostuvo que “el feminicidio perpetrado se ejecutó en el marco de la ejecución de una cesárea artesanal a la nacida viva Alahia Moncayo Potosí”.

Los detalles revelados durante las audiencias judiciales indican que la víctima, con ocho meses de gestación, fue engañada por Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien fingió estar embarazada para ganarse su confianza en espacios para mujeres gestantes.

Tras ser trasladada a un inmueble, María Camila fue atacada con arma blanca por Nitzon Stiven Mondragón Cuero, sufriendo 22 lesiones mientras permanecía encerrada.

Durante la audiencia, la Fiscalía precisó que “a María Camila, mientras permanecía con vida, se le causaron 22 heridas secuenciales con arma blanca, que fueron asestadas en su cabeza, cuello, región cervical, tórax, miembros superiores y abdomen”.

En medio de ese procedimiento violento se concretó la sustracción de la menor, acto que causó la muerte de la madre esa misma tarde y que llevó a los investigadores a enfocar el rastreo en el delito de desaparición forzada de la recién nacida.

La estructura que ejecutó el plan habría actuado motivada por un pago de cuatro millones de pesos coordinado por Kevin Alexis López Orozco.

Dentro de la red, Edwin García Zuluaga vigiló los alrededores de la casa para evitar intervenciones externas, mientras que Juan José Narváez Rodríguez facilitó un vehículo Suzuki Alto para transportar el cuerpo de la joven hasta la orilla del río Meléndez, donde fue hallado el 20 de julio.

A pesar de que los sospechosos intentaron borrar las pruebas lavando el inmueble con un trapero, las pericias biológicas hallaron rastros de sangre de la víctima en la vivienda y en el automóvil incautado.

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Frente a la gravedad de los hallazgos y a las evidencias recopiladas por la Policía Nacional y la Fiscalía, un juez respaldó la imputación de cargos contra los cinco detenidos por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de material probatorio.

Las labores de búsqueda de las autoridades se concentran en seguir la pista del paradero de la niña, partiendo de la premisa técnica planteada por el ente investigador sobre su nacimiento con vida.