La denuncia plantea posibles sobrecostos, dudas sobre los soportes presupuestales y retrasos en un proyecto de 140 cámaras de seguridad. La Contraloría y la Procuraduría también recibieron quejas sobre el proceso.

Un proyecto de 140 cámaras de seguridad para Salamina, Magdalena, terminó bajo cuestionamientos por el manejo de los $10.000 millones destinados a su ejecución. El veedor ciudadano y líder social Gennys Alfonso Álvarez Navarro llevó sus denuncias ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y pidió una intervención preventiva para revisar la contratación, los pagos y los soportes de la inversión.

Según el denunciante, el proyecto debía entregarse en julio de 2026, pero presenta retrasos y dudas que requieren respuestas. Sus señalamientos abarcan desde la certificación de los recursos municipales hasta posibles sobrecostos en equipos tecnológicos, además de cuestionamientos a los estudios técnicos y a la selección del contratista.

Los recursos que están bajo la lupa

La inversión contempla $9.000 millones aportados por la Nación a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana —Fonsecón— y otros $1.000 millones como contrapartida del municipio. Precisamente, uno de los asuntos que Álvarez solicita verificar es la documentación que respalda el aporte local.

El veedor también pide examinar los valores de los componentes tecnológicos y la calidad de los estudios que sustentaron la contratación. Se trata de presuntas irregularidades expuestas en su denuncia, cuya existencia y alcance deberán determinar las autoridades competentes.

La preocupación, según Álvarez, es que los recursos comprometidos en una infraestructura para fortalecer la seguridad municipal puedan estar en riesgo. Por eso insiste en que la revisión se realice mientras el proyecto sigue en ejecución y permita establecer qué se ha pagado, qué se ha instalado y qué falta por entregar.

Una denuncia que comenzó meses atrás

Los cuestionamientos tienen antecedentes desde el inicio del proceso contractual. La licitación se abrió en octubre de 2025 y el contrato fue adjudicado en enero de 2026. Desde febrero, de acuerdo con la información suministrada, Álvarez empezó a presentar quejas ante los organismos de control.

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La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación ya recibieron las denuncias. Sin embargo, que estas entidades tengan conocimiento del caso no significa que hayan establecido responsabilidades fiscales o disciplinarias.

Ahora, con la solicitud radicada ante la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el veedor busca vigilancia preventiva y preferente sobre el contrato, así como una respuesta más rápida a los cuestionamientos que viene planteando.

Piden revisar pagos y avances

Entre las solicitudes figura la instalación de una mesa técnica de seguimiento que permita revisar la ejecución del proyecto. Álvarez también reclama la verificación de los soportes presupuestales, el examen de los pagos y mayor celeridad en las actuaciones de los organismos de control.

El retraso denunciado constituye otro de los puntos centrales. Si la entrega estaba prevista para julio, como sostiene el veedor, corresponde esclarecer qué ocurrió con el cronograma, cuál es el avance real y qué condiciones faltan para poner en funcionamiento la infraestructura.

La información suministrada no incluye una respuesta de la administración municipal ni del contratista frente a estos señalamientos. Tampoco contiene conclusiones de los organismos de control que permitan dar por probadas las irregularidades denunciadas.