La alta corte suspendió provisionalmente el decreto que eliminaba la prima especial de los congresistas al considerar que podría afectar el régimen salarial de otros altos funcionarios del Estado. La decisión mantiene vigente el beneficio mientras se resuelve la demanda de nulidad.

La decisión del Gobierno de eliminar la prima especial de 18 millones de pesos para los congresistas acaba de encontrar su primer gran obstáculo en los tribunales. El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, lo que significa que, por ahora, ese beneficio continuará vigente mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad de la medida.

El auto fue firmado por el conjuez ponente Héctor Santaella Quintero, quien concluyó que existen suficientes razones para detener temporalmente los efectos del decreto mientras la corporación decide si finalmente lo anula o lo mantiene.

La decisión volvió a encender el debate político.

Mientras el Gobierno defendía la eliminación de la prima como una medida para reducir el gasto público y enviar un mensaje de austeridad, los demandantes sostuvieron que el Ejecutivo no tenía facultades para modificar ese componente salarial y advirtieron que las consecuencias iban mucho más allá del Congreso.

El proceso llegó al Consejo de Estado mediante una acción de nulidad. Quienes demandaron el decreto argumentaron que el cambio también podía afectar los ingresos de funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Registraduría y otras entidades cuyos salarios están atados al mismo régimen establecido por la Ley 4 de 1992.

Tras revisar de manera preliminar el caso, el alto tribunal concluyó que la solicitud de suspensión tenía fundamento.

En el auto señaló que “surgen con claridad, en esta etapa temprana del proceso (…), elementos suficientes para evidenciar la infracción de principios y reglas constitucionales y legales estructurales dentro del Estado social y democrático de Derecho”, razón por la que decidió frenar provisionalmente la aplicación del decreto.

Uno de los puntos que más peso tuvo en la decisión fue que, aunque la norma estaba dirigida a los congresistas, sus efectos podían extenderse a numerosos servidores públicos.

El Consejo de Estado explicó que “sus efectos se proyectan más allá de quienes conforman el órgano legislativo” y advirtió que las consecuencias “se esparcen capilarmente a lo largo de un sinnúmero de órganos estatales y corporaciones públicas”, lo que describió como un “efecto ‘cascada’”.

Para la Sala de Conjueces, permitir que el decreto siguiera vigente mientras se estudia el proceso también podía generar un trato desigual entre funcionarios que desempeñan las mismas labores bajo un mismo régimen salarial. Incluso advirtió que podría desconocerse el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario” y las garantías contempladas en la Ley 270 de 1996, que reconoce el derecho de los servidores judiciales a recibir una remuneración acorde con la dignidad y responsabilidad del cargo.

Con la suspensión provisional, el panorama cambia.

Tanto los funcionarios que ya tenían derecho a la prima como quienes ingresen después del 20 de julio de 2026 seguirán recibiéndola en las mismas condiciones mientras exista una decisión definitiva. De esta manera, el tribunal evitó que se crearan servidores públicos de “primera” y “segunda” categoría dentro del mismo régimen salarial.

La decisión también golpea uno de los argumentos más fuertes del Gobierno. La administración Petro calculaba que eliminar esa prima representaría un ahorro cercano a 62.000 millones de pesos al año para las finanzas públicas y esperaba que el recorte comenzara con la instalación del nuevo Congreso. Sin embargo, esa intención quedó congelada mientras el proceso judicial sigue su curso.

El decreto, además, enfrenta seis demandas ante el Consejo de Estado.

Los demandantes insisten en que el Gobierno excedió sus competencias al modificar un componente salarial regulado por ley y reiteran que el impacto no se limita al Congreso, sino que alcanza a buena parte de la estructura del Estado.

La corporación aclaró que esta suspensión no significa que el decreto sea ilegal, sino que se trata de una medida cautelar para evitar posibles afectaciones mientras se adopta una sentencia definitiva. En el mismo auto recordó que la decisión “no implica prejuzgamiento” y que el análisis realizado hasta ahora es apenas preliminar.

Por ahora, el decreto quedó sin efectos y la prima especial seguirá pagándose.

Lea aquí: “Si el tigre ruge, responderemos como abejas”: Uribe deja clara la posición que asumirá frente al gobierno de Abelardo de la Espriella

La última palabra todavía no está dicha. Será el propio Consejo de Estado el que, en una decisión de fondo, determine si la medida impulsada por el Gobierno Petro puede mantenerse o si termina definitivamente anulada.