Ataque con dron del Frente 33 de las FARC cae sobre una vivienda y deja un menor de edad muerto


Un menor de edad fallecido y cinco familiares heridos es el saldo de una ofensiva con drones explosivos atribuida al Frente 33 de las FARC, que destruyó una vivienda particular y afectó un templo religioso.

El Frente 33 de las disidencias de las FARC fue señalado por las autoridades como el responsable del ataque con drones que provocó la muerte de un menor de 10 años en la zona rural de Tibú.

El hecho se registró en el sector conocido como kilómetro 25, un punto bajo constante monitoreo oficial debido a las disputas territoriales que mantienen las organizaciones al margen de la ley en esa región desde hace varios meses.

Las investigaciones preliminares indican que los agresores utilizaron tecnología aérea no tripulada para lanzar múltiples cargas explosivas de forma indiscriminada.

Uno de los artefactos impactó inicialmente contra las instalaciones de una iglesia cristiana de la vereda.

Ante esta situación, los habitantes del sector denunciaron formalmente ante la fuerza pública que los ataques con drones en el kilómetro 25 afectaron a una iglesia cristiana, alertando que las operaciones se ejecutaban sin medir el daño a los civiles.

La consecuencia fatal de la ofensiva se presentó cuando un segundo dispositivo cayó sobre el techo de una vivienda familiar.

La onda expansiva y las esquirlas destruyeron la sala del inmueble, impactando directamente en el espacio donde se encontraban los menores de edad.

Testigos del suceso declararon a los peritos judiciales que la bomba les cayó ahí y destruyó la sala, que era el sitio exacto donde estaban los niños.

El balance de víctimas humanas dejó como resultado el fallecimiento inmediato del niño de 10 años en el lugar de la detonación.

Asimismo, las autoridades médicas reportaron lesiones por fragmentos en otras cinco personas de la misma familia: un niño de 2 años, un adolescente de 17, dos mujeres y un hombre adulto.

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El caso ya se encuentra en manos de las unidades de policía judicial, mientras la población civil reitera la exigencia de una intervención institucional que garantice la seguridad territorial.


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