Abelardo ordena enviar a cárceles de máxima seguridad a 76 presos señalados de tener vínculos con las ACSN
La orden llega después del paro armado y los ataques que afectaron a Santa Marta.
Las ACSN llevaron el miedo a las calles de Santa Marta con amenazas a comerciantes, vehículos incendiados y bloqueos. Ahora el Gobierno busca cortar otra posible vía de operación del grupo: las cárceles del Caribe desde las que, según el presidente Abelardo de la Espriella, personas vinculadas a esa estructura seguirían dando órdenes.
El mandatario instruyó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para trasladar a 76 personas privadas de la libertad a pabellones de máxima seguridad fuera de la región. Según la información entregada por el presidente, actualmente están recluidas en establecimientos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. El Gobierno las señala de tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La orden apunta a las comunicaciones desde prisión
“No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, afirmó De la Espriella a través de su cuenta de X.
La declaración expone el propósito de la medida, pero aún falta conocer los detalles de su ejecución. El anuncio presidencial no identifica los establecimientos a los que serán enviados los 76 internos ni precisa cuándo comenzarán los traslados. Tampoco establece qué papel atribuyen las autoridades a cada uno dentro de la organización. Su presunta vinculación con las ACSN corresponde, por ahora, al señalamiento hecho por el Gobierno.
Una decisión después del paro armado
La orden se produjo en medio de la crisis de seguridad desatada tras la operación de la Fuerza Pública en Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada. De acuerdo con el balance del Gobierno, siete presuntos integrantes de las ACSN murieron y otros tres fueron capturados. Entre los fallecidos estaba alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del grupo.
Después del operativo, Santa Marta sufrió una jornada de intimidaciones contra comerciantes y transportadores, quema de vehículos, bloqueos y restricciones de hecho a la movilidad. Las autoridades investigan esos ataques como posibles represalias de las ACSN. La presión sobre la ciudad llevó al Gobierno a reforzar la presencia militar y policial, mientras numerosos negocios cerraron sus puertas por temor.
El traslado de los internos constituye otro frente de esa respuesta. Para el presidente, mantener en cárceles de la región a personas presuntamente relacionadas con el grupo facilitaría que conservaran influencia sobre sus actividades. La efectividad de la orden dependerá de que el Inpec concrete los traslados y de los controles que se establezcan en los centros de destino para impedir comunicaciones ilícitas.
Mientras la Fuerza Pública mantiene sus operativos en Santa Marta y el Magdalena, queda pendiente que el Inpec informe cuándo serán trasladados los 76 internos y a qué establecimientos llegarán.
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