El senador anunció una tutela contra el presidente al considerar que el Gobierno ignoró la facultad constitucional del Congreso para autorizar el tránsito de tropas extranjeras. La controversia surgió tras conocerse el sobrevuelo de tres helicópteros militares estadounidenses en Tumaco.

Tres helicópteros militares estadounidenses sobrevolaron Tumaco y ahora el presidente Abelardo De la Espriella deberá enfrentar una ofensiva judicial anunciada desde el Congreso. El senador Iván Cepeda aseguró que presentará una acción de tutela al considerar que el Gobierno permitió la presencia de tropas y aeronaves extranjeras sin someter el asunto a consideración del Senado.

Para el congresista, el Ejecutivo pasó por encima de una facultad expresamente reconocida por la Constitución y, al hacerlo, vulneró su derecho fundamental a participar en una decisión relacionada con la soberanía nacional. La discusión dejó de limitarse a los alcances de la cooperación militar con Estados Unidos y se convirtió en un nuevo choque político entre el Gobierno y uno de sus principales contradictores.

“Anuncio que instauraré acción de tutela en contra de Abelardo De la Espriella por haber violado mi derecho fundamental a la participación política”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

Tres helicópteros sobre Tumaco encendieron la controversia

El episodio que originó el reclamo ocurrió el 27 de agosto en Tumaco, Nariño. Ese día fueron registrados helicópteros UH-1Y Venom pertenecientes al Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobrevolando el municipio, una zona estratégica del Pacífico colombiano marcada durante años por el narcotráfico y la presencia de grupos armados.

Las imágenes fueron difundidas posteriormente por el propio Comando Sur de Estados Unidos. En la publicación, la institución señaló que las aeronaves pertenecían al Marine Medium Tiltrotor Squadron 365, adscrito a la Fuerza de Combate Litoral-24, y describió la actividad realizada como un reconocimiento operacional del área.

Información publicada después por la revista CAMBIO indicó que eran tres helicópteros y que su presencia en Colombia estaba relacionada con el desplazamiento del comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, durante una visita oficial al país y a Ecuador.

Aunque esa explicación sitúa el movimiento de las aeronaves dentro de una agenda de cooperación bilateral, para Cepeda el problema continúa siendo el mismo: el Senado no habría sido informado ni convocado para pronunciarse sobre el ingreso y la permanencia de personal militar extranjero.

Cepeda sostiene que el Gobierno ignoró al Senado

El senador fundamenta su reclamo en el artículo 173 de la Constitución Política. Entre las atribuciones de esa corporación, la norma establece la facultad de “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

A partir de esa disposición, Cepeda sostiene que la presencia de personal y aeronaves militares estadounidenses debía contar con autorización del Senado. Su argumento apunta a que el Gobierno habría convertido una decisión que requería control político y constitucional en una actuación administrativa manejada directamente desde el Ejecutivo.

“En mi condición de senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”, afirmó.

El congresista llevará esa interpretación ante un juez mediante la tutela anunciada. Pretende que la justicia determine si su exclusión del trámite vulneró el derecho fundamental a la participación política que asegura ejercer como miembro del Senado.

El alcance de la cooperación queda bajo cuestionamiento

La controversia también abre una discusión sobre la naturaleza de las actividades desarrolladas por el personal estadounidense. La explicación conocida señala que los helicópteros apoyaban el desplazamiento del comandante del Comando Sur y realizaban un reconocimiento operacional, mientras Cepeda habla del ingreso y permanencia de tropas extranjeras y de operaciones militares conjuntas en territorio colombiano.

Esa diferencia será determinante. El debate jurídico deberá establecer si la presencia de las aeronaves puede entenderse como parte de una visita oficial amparada por los mecanismos ordinarios de cooperación o si constituyó tránsito de tropas extranjeras sujeto a la autorización previa del Senado.

Hasta ahora, lo anunciado por Cepeda es la presentación de la acción judicial. Por tanto, todavía no existe una decisión que establezca que el presidente vulneró derechos fundamentales o desconoció las atribuciones del Congreso.

Un juez tendrá la última palabra

El anuncio abre otro frente de confrontación entre el Gobierno de De la Espriella y los sectores políticos que cuestionan el alcance de la cooperación militar con Estados Unidos. También obliga a revisar hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en este tipo de operaciones sin acudir previamente al Senado.

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Una vez sea presentada la tutela, el juez competente deberá examinar la naturaleza de la visita, las actividades realizadas por los militares estadounidenses y el marco jurídico aplicado por el Gobierno. También tendrá que determinar si el senador debía participar directamente en la autorización reclamada y si existen fundamentos para conceder la protección solicitada.

Por ahora, los helicópteros ya abandonaron el centro de la controversia y el conflicto se trasladó a los tribunales. Allí se definirá si se trató de una visita oficial dentro de la cooperación entre ambos países o si el Gobierno permitió el tránsito de tropas extranjeras dejando al Senado por fuera de una decisión que constitucionalmente le correspondía.