El capitán de fragata Julio César Monroy Silvera explicó que las concesiones no convierten a los particulares en propietarios de la playa. Ciudadanos y turistas pueden caminar por estas áreas, permanecer en la arena y acceder al mar.

Una concesión de playa en Santa Marta no le entrega a un particular el derecho de cerrar el paso, cobrar por el ingreso o exigir que una persona consuma para permitirle permanecer en la arena. Ese fue el mensaje del capitán de fragata Julio César Monroy Silvera, capitán de Puerto de la ciudad, al precisar los alcances de las autorizaciones otorgadas por la Dirección General Marítima (Dimar).

El oficial dejó claro que las playas conservan su carácter público incluso cuando existen áreas concesionadas. La autorización permite determinados usos y aprovechamientos, pero no convierte esos espacios en propiedad privada ni elimina el derecho de residentes y visitantes a disfrutarlos.

“Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público”, manifestó Monroy, quien recalcó que “esa condición se mantiene, incluso dentro de un área concesionada”.

La concesión no entrega la propiedad

La aclaración de la autoridad marítima establece una diferencia fundamental: recibir una concesión no equivale a comprar una playa ni a tener potestad para decidir quién puede ingresar a ella.

“La concesión no transfiere el bien a nadie, solo otorga el uso y goce del área”, explicó el capitán de Puerto.

Según lo señalado por la Dimar, el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984 sustentan la condición de estos espacios como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. Su aprovechamiento está sujeto a las condiciones de la autorización correspondiente y debe respetar el uso público.

Por eso, la presencia de sillas, sombrillas o estructuras autorizadas en una zona de playa no significa que la arena o el acceso al mar hayan dejado de estar al alcance de la ciudadanía.

La arena es pública; el mobiliario tiene un uso autorizado

Monroy también precisó que el libre acceso a la playa no significa que cualquier persona pueda disponer de los elementos administrados por el concesionario.

“Dentro del área concesionada, los únicos facultados para ejercer el uso y goce de las instalaciones, el mobiliario, los elementos autorizados, como sillas, mesas, sombrillas o estructuras, son los titulares de la concesión o quienes ellos autoricen”, indicó.

En consecuencia, una persona puede permanecer en la arena sin que eso le otorgue el derecho a utilizar una silla o una sombrilla sin autorización. A su vez, el concesionario no puede utilizar la administración de ese mobiliario como argumento para expulsar a quienes no contraten sus servicios.

“Eso no significa que la playa se cierre. Toda persona puede caminar por la franja concesionada, permanecer en la arena, acceder al mar”, enfatizó el oficial.

No pueden exigir consumo para permanecer

La Capitanía de Puerto fue enfática sobre las condiciones que deben respetarse en estos espacios: mantener despejado el paso, permitir el acceso al mar y abstenerse de imponer pagos o compras como requisito para disfrutar de la playa.

“El concesionario debe mantener el paso despejado, sin cercar, ni cobrar por ingresar y sin condicionar la permanencia al consumo”, sostuvo Monroy.

La Dimar agregó que las concesiones tampoco facultan a sus titulares para ampliar las áreas autorizadas o ejecutar obras y construcciones sin los permisos correspondientes. El aprovechamiento debe ajustarse a lo permitido por la autoridad marítima y respetar las disposiciones de seguridad y protección ambiental.

Ciudadanos pueden reportar restricciones

La Capitanía de Puerto invitó a los samarios y turistas a informar, mediante sus canales oficiales, cualquier situación que pueda afectar el disfrute colectivo de las playas o representar un incumplimiento de las condiciones de una concesión.

Ante esos reportes, la entidad verificará lo ocurrido y adelantará las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.

El mensaje de la autoridad marítima es claro: una concesión permite administrar usos y elementos autorizados, pero no privatiza la playa. Caminar por la arena, permanecer en ella y entrar al mar son derechos que deben respetarse también en las zonas concesionadas de Santa Marta.