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El Gobierno Nacional da un año de plazo a los tenderos para implementar la factura electrónica


Un plazo de doce meses fue fijado para que los pequeños comercios adopten el sistema digital, una estrategia orientada a modernizar la actividad mercantil, frenar la evasión fiscal y ampliar los alivios del impuesto al consumo para millones de ciudadanos.

Los tenderos y dueños de pequeños establecimientos en Colombia tienen por delante un margen de exactamente un año para actualizar sus rutinas de venta y sincronizarse con la exigencia de la facturación electrónica.

Esta transformación hace parte de los ejes centrales de la Ley de Rescate Económico, una directriz oficial con la que se pretende actualizar tecnológicamente al comercio de vecindario y afinar los mecanismos de fiscalización tributaria.

Para la red de negocios minoristas, que por años ha funcionado mediante métodos manuales y tradicionales, dar el salto al ecosistema digital no es una tarea sencilla.

Consciente del impacto operativo y de los tropiezos que esto puede acarrear para quienes atienden su propio local, el Gobierno diseñó un esquema de respaldo.

La promesa oficial contempla la entrega de herramientas informáticas, jornadas de capacitación y un acompañamiento permanente a lo largo de estos doce meses, con la finalidad de que los comerciantes no queden desamparados frente a las exigencias del cambio.

Sin embargo, la estrategia gubernamental va mucho más allá de modernizar las vitrinas de los barrios.

El flujo de datos que producirá cada transacción digital servirá como combustible para rediseñar los programas de devolución y compensación del Impuesto al Valor Agregado.

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De acuerdo con los cálculos manejados por el Ejecutivo, este engranaje técnico permitiría que cerca de 19 millones de ciudadanos reciban de regreso parte de ese dinero, mientras que otros 16,5 millones se beneficiarían mediante compensaciones parciales.

Desde la óptica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, consolidar esta red digital es la vía más efectiva para cerrarle el paso a la evasión y garantizar que las inversiones sociales y subsidios estatales apunten con precisión a los sectores que realmente lo precisan.


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