El representante a la Cámara pidió al Gobierno nacional explicar los costos, los plazos y la viabilidad de la propuesta. También reclamó claridad sobre el futuro de los recursos previstos para la desalinización y advirtió sobre los desafíos ambientales de la captación y conducción.

El anuncio de volver al río Magdalena como fuente de abastecimiento para Santa Marta abrió una nueva controversia sobre la solución a la crisis de agua. Para el representante a la Cámara Felipe Hernández, antes de presentar la iniciativa como un “milagro”, el Gobierno nacional debe responder qué cambió para hacer viable un proyecto discutido en administraciones anteriores y cuánto tiempo más deberán esperar los samarios.

El congresista por el Magdalena cuestionó que se retome esa alternativa sin aclarar qué ocurrirá con los estudios, los compromisos y los recursos previstos para la planta desalinizadora. Su reclamo apunta a la continuidad de las decisiones públicas en una ciudad que sigue esperando resultados.

“Santa Marta lleva más de 14 años entre discusiones, perdiendo tiempo y recursos en estudios y diseños, mientras su gente sigue padeciendo sed. No podemos permitir que cada administración reinicie la discusión y deje en el aire los avances y los recursos comprometidos”, manifestó.

El regreso de una propuesta conocida

Hernández recordó que entre 2014 y 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, se planteó captar 6.000 litros por segundo del río Magdalena. Según su recuento, la alternativa también fue considerada durante la administración de Iván Duque, pero no se materializó por dificultades técnicas y financieras.

Con ese antecedente, pidió demostrar cómo se superaron los obstáculos que frenaron la iniciativa. También solicitó precisar el alcance de las medidas cautelares que, según señaló, están relacionadas con el uso del río como fuente de abastecimiento y sus implicaciones para la ejecución.

El representante situó otro de sus cuestionamientos en los costos y los tiempos. Al referirse a una inversión que, de acuerdo con sus declaraciones, superaría los $3 billones, exigió justificar la elección frente a la alternativa de desalinización.

“Si cuesta más del doble que las desalinizadoras y tarda tres veces más, ¿por qué imponen esa espera a los samarios? ¿Solo por beneficios políticos?”, preguntó.

Esas comparaciones forman parte de los reparos expuestos por el congresista, quien reclamó información técnica y financiera que permita evaluar el alcance del nuevo anuncio.

Los señalamientos sobre la alianza regional

La propuesta de una empresa regional y una asociación público-privada con participación de Ecopetrol y Triple A también recibió críticas de Hernández. El congresista vinculó el anuncio con posibles intereses políticos del Gobierno de Abelardo de la Espriella, sin aportar en la información suministrada elementos que permitan establecer un favorecimiento.

“Evidentemente, el ‘milagro del agua’ será para beneficiar a los poderosos aliados políticos de Abelardo en el Atlántico, mientras Santa Marta sigue esperando”, afirmó.

Más allá del señalamiento, su exigencia es que se expliquen las condiciones bajo las cuales operaría la alianza, las responsabilidades de sus participantes y los beneficios concretos que recibiría Santa Marta.

Las preguntas ambientales y técnicas

Hernández advirtió que la conducción de agua desde el río Magdalena podría comprometer la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Vía Parque Isla de Salamanca. Por ello, pidió explicar cómo se garantizarían la protección de esos ecosistemas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

También reclamó respuestas sobre la calidad del agua del río. Citó preocupaciones por contaminación biológica y química recogidas, según indicó, en estudios académicos, y pidió aclarar cómo serían atendidas dentro del proyecto.

A esos interrogantes sumó la estabilidad del corredor por donde pasaría la tubería, una condición que consideró indispensable para evaluar la viabilidad de la conducción y su funcionamiento a largo plazo.

En cuanto a las medidas de atención inmediata, recordó que la rehabilitación de pozos y la reducción de pérdidas ya estaban contempladas en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. A su juicio, anunciarlas exige acompañarlas de obras identificadas, financiación y metas verificables.

“Las pérdidas han oscilado entre el 60 %. Reducirlas exige ubicar fugas, detener fraudes y renovar redes. ¿Cómo las llevarán al 20 % en cuatro años, con qué presupuesto y cuáles obras?”, preguntó.

La defensa de la ruta de desalinización

El representante insistió en que Santa Marta ya tenía un camino adelantado. Defendió la desalinización contemplada en el Plan Maestro, junto con la modernización de las redes y la disminución del agua que se pierde en el sistema.

Como respaldo, mencionó el CONPES 4159 y un aval fiscal por $786.032 millones que atribuyó al Gobierno de Gustavo Petro. También destacó avances en la estructuración técnica y la suscripción del convenio CUR 1183.

“Desconocer por intereses políticos una ruta adelantada y recursos previstos es una irresponsabilidad con Santa Marta”, manifestó. Además, anunció que hará seguimiento al cumplimiento de las decisiones del Tribunal Administrativo del Magdalena.

El congresista cerró sus declaraciones con un cuestionamiento a las autoridades locales, a las que pidió asumir una posición crítica frente a los anuncios nacionales. Dijo que no pueden seguir como un “comité de aplausos” mientras están en juego las soluciones de abastecimiento y el futuro de la ciudad.