Las pruebas médicas demostraron que las agresiones con un taser provocaron un fallo en el corazón de la víctima, lo que permitió a las autoridades capturar a los agentes involucrados.

Donovan Balanta Paz, de 34 años, murió a causa de un fallo en su corazón provocado por la serie de descargas eléctricas que le aplicaron con un arma tipo taser durante un operativo de la Policía.

Así lo reveló el informe del Instituto de Medicina Legal, cuyo resultado fue fundamental para comprobar la responsabilidad de los uniformados en este caso ocurrido el pasado 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en el límite entre Bogotá y Soacha.

El dictamen forense fue la pieza clave que destapó la gravedad de lo sucedido, ya que el examen al cuerpo del ciudadano no solo registró el daño cardíaco por el paso de la corriente, sino que también dejó al descubierto quemaduras en la piel y múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

Con estas evidencias científicas, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el hombre sufrió un uso excesivo de la fuerza y agresiones físicas directas por parte de los agentes que realizaban el procedimiento.

Los hallazgos de los peritos médicos permitieron reconstruir lo que pasó después del arresto, cuando trasladaron al ciudadano a la estación de Policía de Cazucá.

En ese sitio, el estado de salud de la víctima empeoró rápidamente. El hombre manifestó un fuerte dolor en el pecho y graves problemas para conseguir aire, por lo que pidió ayuda médica de manera repetida.

A pesar de sus reclamos y del pedido de auxilio de otro ciudadano que estaba encerrado en el mismo lugar, los uniformados a cargo ignoraron la emergencia y no le brindaron la asistencia médica que necesitaba antes de que quedara inconsciente.

Gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Medicina Legal, la Fiscalía y la Sijín ordenaron la detención de los cuatro servidores públicos salpicados en el hecho.

Las capturas de un mayor, un subintendente y dos patrulleros se llevaron a cabo este lunes 19 de octubre mediante operativos realizados en Soacha y en Barbosa, Santander.

Los cuatro procesados quedaron a disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

La Fiscalía presentará a los agentes ante un juez para cobrarles los delitos de homicidio agravado y tortura agravada según la participación de cada uno, incluyendo dentro del proceso judicial un análisis especial por la pertenencia étnico-racial de la víctima.