“Se les acabó la fiesta”: Magdalena entrega tecnología de $645 millones para seguir el rastro de los delitos


La gobernadora Margarita Guerra entregó a la Fiscalía un sistema de análisis digital que permitirá al CTI examinar celulares y otros dispositivos incautados. Las autoridades esperan acelerar el esclarecimiento de homicidios, extorsiones y secuestros con pruebas obtenidas bajo los procedimientos legales.

Un celular incautado puede contener la conversación, la amenaza o el registro que ayude a esclarecer un crimen. Pero encontrar esa información y convertirla en una prueba exige equipos y personal especializado. Para fortalecer ese trabajo, la Gobernación del Magdalena entregó a la Fiscalía un paquete tecnológico cuya inversión supera los $645 millones.

La entrega se realizó en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en Santa Marta. Allí, la gobernadora Margarita Guerra acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a quienes delinquen en el departamento: “A cada uno de los delincuentes les digo que se les acabó la fiesta”. El alcance de la inversión, según las autoridades, estará en la capacidad de examinar evidencia digital con mayor rapidez y llevar elementos sólidos ante la justicia.

Equipos para exigir resultados

El sistema, de la marca Cellebrite, fue adquirido con recursos propios de la administración departamental y entregado a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena. Su propósito es fortalecer las labores de inspección y análisis de dispositivos electrónicos que quedan en manos de los investigadores durante los procedimientos judiciales.

Guerra planteó que la exigencia de resultados debe ir acompañada de herramientas para obtenerlos. “Pedimos y exigimos resultados, pero es complejo dar resultados cuando no se tienen y no se cuentan con los equipos que realmente se necesitan”, señaló durante el acto. La mandataria vinculó esta dotación con el apoyo que su gobierno busca mantener a los organismos encargados de enfrentar la delincuencia.

También anunció futuras partidas para transporte y equipamiento militar y policial. Aunque en la información presentada no se detallaron montos ni fechas para esos nuevos recursos, la gobernadora aseguró que el respaldo económico continuará como parte del fortalecimiento de la seguridad en el departamento.

El rastro que queda en los dispositivos

La directora seccional de Fiscalías, Angelys del Pilar Maillo Pérez, explicó que la dotación facilitará el procesamiento de celulares y aparatos electrónicos incautados. En esos dispositivos pueden quedar registros de llamadas, conversaciones de texto, fotografías, videos, contactos y datos de ubicación útiles para reconstruir hechos y orientar las investigaciones.

El acceso a esa información deberá realizarse con la debida autorización legal. Los peritos tendrán que preservar la cadena de custodia y cumplir los procedimientos que permitan mantener la validez de los elementos probatorios. Ese paso es determinante: extraer información de un teléfono es apenas una parte del trabajo; su incorporación al proceso judicial exige garantizar cómo fue obtenida y conservada.

Según la Fiscalía, la herramienta podrá apoyar investigaciones por homicidios, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, delitos sexuales y amenazas. También tendrá aplicación en casos de corrupción y ataques informáticos, en los que el análisis de archivos y comunicaciones puede aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

La promesa de respuestas más rápidas

Las especificaciones del sistema permanecerán en reserva por razones de seguridad institucional. Sin embargo, los voceros del CTI señalaron que el beneficio esperado para los ciudadanos será una reducción en los tiempos de análisis y una mayor capacidad para presentar pruebas ante los jueces.

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“Vamos a dar una capacidad de respuesta para el esclarecimiento de los hechos de manera más pronta, de manera más oportuna”, aseguró Maillo Pérez. La funcionaria destacó así el efecto que la nueva dotación podría tener en el trabajo cotidiano de los investigadores, especialmente cuando el material incautado requiere una revisión técnica.

La entrega deja una inversión concreta y una expectativa de resultados. Por ahora, las autoridades han anunciado el fortalecimiento de su capacidad operativa; el efecto sobre los tiempos de investigación y el esclarecimiento de los delitos deberá verse en los casos que adelante la Fiscalía con estas herramientas.


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