La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que el Centro Penitenciario Renacer comenzará a recibir internos de manera gradual mientras culmina su construcción. El complejo tiene un avance superior al 80 % y capacidad para más de 2.000 personas privadas de la libertad.

La megacárcel de Sabanas de San Ángel comenzaría a funcionar en diciembre con obras todavía pendientes. Después de un proyecto iniciado en 2020, el Gobierno Nacional y las autoridades penitenciarias deberán resolver cómo completar la infraestructura y garantizar las condiciones para recibir a los primeros internos en esta zona rural del Magdalena.

La gobernadora Margarita Guerra anunció que la apertura será paulatina y que la culminación y puesta en funcionamiento del Centro Penitenciario Renacer requeriría cerca de $100.000 millones. El desafío incluye asegurar los accesos, proteger el entorno e impedir que desde sus instalaciones se cometan delitos como la extorsión.

Una apertura gradual mientras termina la construcción

“Megacárcel de San Ángel comenzará a funcionar paulatinamente a partir de diciembre mientras culminan las obras”, anunció Guerra. Durante una rueda de prensa, explicó que el proyecto supera el 80 % de ejecución y se encuentra en su etapa final, aunque todavía deben concretarse recursos y acciones para completar los trabajos.

La construcción comenzó durante el Gobierno del entonces presidente Iván Duque. Seis años después, el anuncio fija diciembre como el mes previsto para iniciar su operación, mediante un proceso progresivo que deberá coordinarse con las entidades responsables del sistema penitenciario.

Según la mandataria, las gestiones se adelantan con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —USPEC— y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—. De ese trabajo dependerán tanto la terminación de las obras como las condiciones necesarias para poner en servicio el complejo.

Más de 2.000 cupos y posibles traslados entre departamentos

Renacer tendrá capacidad para más de 2.000 personas privadas de la libertad. Su entrada en operación permitirá ampliar los cupos del sistema penitenciario, aunque la procedencia y distribución de los internos deberán definirse dentro de la coordinación institucional.

Guerra explicó que se contempla recibir personas recluidas en otros departamentos. Al mismo tiempo, internos de alta peligrosidad del Magdalena podrían ser trasladados a establecimientos de otras regiones del país. Se trata de posibilidades anunciadas por la gobernadora, cuyo alcance dependerá de las decisiones de las autoridades penitenciarias.

La apertura gradual exigirá acompasar la llegada de internos con la disponibilidad de espacios y las condiciones de funcionamiento. El avance de la construcción, por sí solo, deberá complementarse con las medidas operativas y de seguridad que requiere una infraestructura de esta capacidad.

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La vía de acceso también está entre las tareas pendientes

La Gobernación manifestó su disposición de contribuir a la construcción de una vía de acceso al establecimiento. La ubicación rural del complejo hace de esta conexión una necesidad para el traslado de las personas privadas de la libertad y el ingreso de los vehículos encargados de la operación penitenciaria.

El compromiso anunciado deberá concretarse junto con las demás intervenciones pendientes. Mientras se define la inversión cercana a los $100.000 millones que requeriría la culminación y puesta en funcionamiento, el acceso forma parte de las condiciones que las autoridades buscan resolver para la apertura.

Seguridad afuera y control de las comunicaciones adentro

Guerra planteó la necesidad de fortalecer la seguridad en el entorno mediante la articulación con la Fuerza Pública. También señaló que deben adoptarse medidas de ordenamiento territorial para evitar la construcción de viviendas en las inmediaciones del centro penitenciario.

Dentro del establecimiento, uno de los puntos centrales será el control de las comunicaciones irregulares. La mandataria pidió implementar mecanismos tecnológicos y operativos que impidan su utilización para cometer extorsiones, una tarea que deberá incorporarse a la puesta en marcha del complejo.