“No vamos a normalizar que nuestros niños se acostumbren a una guerra”: juez admite tutela por sobrevuelos de Kfir en Santa Marta
La acción judicial fue presentada por la abogada Isabella Luhan en representación de sus hijos menores de edad. La demanda busca que se protejan los derechos de los niños y de las comunidades afectadas por los sobrevuelos de aeronaves militares en Santa Marta, Barranquilla y la Sierra Nevada.
El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta admitió una acción de tutela relacionada con los recientes sobrevuelos de aviones de combate Kfir registrados en sectores de Santa Marta, Barranquilla y la Sierra Nevada.
La acción fue presentada por la abogada Isabella Luhan, quien aseguró actuar en representación de sus hijos menores de edad y pidió la protección de sus derechos ante lo que considera una afectación a la tranquilidad de las comunidades por este tipo de operaciones aéreas.
La tutela no busca frenar las operaciones militares
Luhan aclaró que su intención no es impedir que la Fuerza Pública adelante operaciones contra estructuras armadas ilegales.
Según explicó, la solicitud está relacionada específicamente con la manera y los lugares en los que se realizan estos movimientos militares, especialmente cuando las aeronaves sobrevuelan zonas habitadas.
La abogada planteó que las operaciones deberían desarrollarse tomando medidas que reduzcan el impacto sobre la población civil y, particularmente, sobre los niños.
“Nosotros no estamos esperando que no se lleven a cabo las acciones militares que deben darse, pero no vamos a normalizar que nuestros niños se acostumbren a una guerra”, señaló Luhan.
El ruido y el impacto en los menores, en el centro de la discusión
Uno de los argumentos expuestos en la tutela está relacionado con el efecto que los sobrevuelos de aeronaves de combate pueden generar en comunidades ubicadas en las zonas donde se realizan estas operaciones.
La preocupación también alcanza a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, según lo señalado por la demandante, debido a la presencia de aeronaves militares en sectores cercanos a sus territorios.
El recurso plantea así una discusión sobre cómo garantizar las operaciones de seguridad sin que estas terminen afectando de manera innecesaria a la población civil.
El Ministerio de Defensa deberá responder
Con la admisión de la tutela, el proceso judicial entra en una nueva etapa. El juzgado solicitó al Ministerio de Defensa información relacionada con los operativos y los sobrevuelos que motivaron la acción.
La cartera deberá entregar información técnica que permita establecer las circunstancias de estas operaciones y las medidas adoptadas para evitar afectaciones a la población.
A partir de estos elementos, el despacho judicial deberá analizar los argumentos planteados en la tutela y determinar si existe alguna vulneración de los derechos invocados.
La discusión ahora queda en manos del juez
La admisión de la tutela no significa que el juez haya determinado que existió una vulneración de derechos. El despacho deberá estudiar los argumentos de la demandante y las respuestas de las autoridades antes de adoptar una decisión de fondo.
Mientras avanza el proceso, las operaciones de la Fuerza Pública continúan bajo las disposiciones de las autoridades militares, mientras la controversia judicial pone sobre la mesa una pregunta que ahora deberá resolver el juzgado: cómo realizar operaciones aéreas de seguridad en una región con presencia de grupos armados sin generar afectaciones innecesarias sobre las comunidades y, especialmente, sobre los menores de edad.
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