Tres integrantes de una veeduría ciudadana habrían sido intimidados cuando intentaban ingresar a un colegio de Mamatoco para verificar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar. Un hombre de 62 años fue capturado e imputado, pero no aceptó los cargos.

Vigilar la alimentación que reciben los estudiantes terminó convirtiéndose en una experiencia de miedo para tres ciudadanos en Santa Marta. Lo que debía ser una jornada de control al Programa de Alimentación Escolar, PAE, habría terminado con insultos, intimidaciones y amenazas de muerte en la entrada de una institución educativa.

Por estos hechos fue capturado Alfonso Enrique Gómez Medina, de 62 años, a quien la Fiscalía señala de impedir el ingreso de los veedores al colegio y enfrentarlos cuando pretendían cumplir su labor. El hombre fue presentado ante un juez y deberá responder dentro de un proceso penal, aunque durante la audiencia rechazó los cargos formulados en su contra.

La visita que terminó en amenazas

El episodio ocurrió el 29 de octubre de 2024 en una institución educativa ubicada en el sector de Mamatoco. Hasta ese lugar llegaron tres miembros de una veeduría ciudadana con la intención de revisar cómo se estaba ejecutando el PAE, programa encargado de suministrar alimentación a los estudiantes de los colegios oficiales.

La jornada formaba parte de las actividades de control social que pueden adelantar los ciudadanos sobre el manejo de programas financiados con recursos públicos. Sin embargo, según el expediente de la Fiscalía, los veedores encontraron resistencia cuando trataron de ingresar al plantel.

El ente investigador sostiene que Gómez Medina habría intervenido para impedirles el acceso. La discusión fue aumentando de intensidad y presuntamente pasó de los reclamos verbales a las intimidaciones. Los tres ciudadanos aseguraron que fueron insultados y amenazados de muerte mientras adelantaban su labor de vigilancia.

El caso llegó hasta la Fiscalía

Las personas afectadas denunciaron lo sucedido ante las autoridades. A partir de sus declaraciones y de los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía comenzó a reconstruir lo ocurrido aquel día y a establecer la presunta responsabilidad del señalado.

Con el avance del proceso, el organismo judicial solicitó una orden de captura contra Gómez Medina. El requerimiento fue posteriormente ejecutado por unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta, que lo dejaron a disposición de las autoridades competentes.

La captura permitió llevar el caso ante los estrados judiciales, casi dos años después del episodio denunciado. Allí, una fiscal adscrita a la Seccional Magdalena expuso los hechos que sustentan la investigación y presentó formalmente la imputación.

Un delito por intimidar a quienes ejercían control

La Fiscalía le imputó a Gómez Medina el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. La acusación está relacionada directamente con las presuntas intimidaciones sufridas por los tres integrantes de la veeduría durante el seguimiento al programa de alimentación.

El caso adquiere relevancia porque las supuestas víctimas se encontraban ejerciendo control ciudadano sobre un programa público dirigido a la población estudiantil. Su tarea consistía en verificar las condiciones en las que se prestaba el servicio, una vigilancia que busca detectar irregularidades y garantizar que los alimentos lleguen a sus beneficiarios.

Según la tesis del ente acusador, el hombre habría intentado frenar esa labor mediante amenazas. Sin embargo, esa versión tendrá que ser probada durante el proceso y controvertida por la defensa del implicado.

El acusado rechazó los cargos

Durante la audiencia, Gómez Medina no aceptó el delito que le atribuyó la Fiscalía. La imputación, por lo tanto, representa el inicio formal del proceso judicial y no significa que exista una condena en su contra.

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Ahora corresponderá a la justicia revisar las pruebas, escuchar a las partes y determinar qué ocurrió realmente en la institución educativa de Mamatoco. También deberá establecer si el acusado fue quien impidió el ingreso de los veedores y si utilizó amenazas de muerte para obstaculizar la vigilancia ciudadana sobre el PAE.

Mientras el proceso avanza, permanece una situación inquietante: tres ciudadanos fueron a revisar la alimentación destinada a los estudiantes y, de acuerdo con la denuncia, terminaron abandonando el colegio bajo intimidaciones. La responsabilidad penal todavía está por definirse.