Se frenan los concursos de méritos: De La Espriella suspende procesos hasta 2027 y habilita plantas temporales
El Gobierno Nacional adoptó medidas transitorias sobre el empleo público que permitirán a entidades del orden nacional crear plantas temporales, mientras los concursos de méritos quedan suspendidos hasta 2027.
Una nueva decisión del Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en pausa las expectativas de miles de colombianos que buscan ingresar al servicio público a través de concursos de méritos. La administración nacional suspendió estos procesos hasta 2027 y, al mismo tiempo, abrió la puerta a la creación de plantas de empleos temporales en entidades del orden nacional.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1384 de 2026, que adopta disposiciones transitorias relacionadas con la función administrativa, el empleo público y la gestión institucional.
El argumento del Gobierno está relacionado con la necesidad de garantizar que las entidades estatales puedan mantener su funcionamiento y continuar prestando sus servicios a la ciudadanía durante este periodo de transición.
Plantas temporales entran en escena
Uno de los puntos que más llama la atención de la nueva disposición es la posibilidad de que las entidades del orden nacional creen plantas de empleos temporales para responder a necesidades específicas de la administración.
Se trata de una modalidad de vinculación diferente a los cargos de carrera administrativa, pues los empleos temporales tienen una duración determinada y están destinados a atender requerimientos concretos de las entidades.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha precisado que quienes ocupan este tipo de empleos no adquieren por esa vía derechos propios de la carrera administrativa.
Miles de aspirantes quedan en medio de la decisión
La decisión llega en un momento especialmente sensible para quienes llevan meses preparándose para participar en procesos de selección del Estado.
Muchos aspirantes han invertido tiempo y recursos en estudiar, reunir documentación y prepararse para competir por una de las vacantes disponibles mediante el sistema de mérito. Con la suspensión de los concursos hasta 2027, sus expectativas quedan temporalmente aplazadas.
El cambio también abre una discusión sobre el futuro de quienes esperaban acceder a un cargo público bajo condiciones de competencia y selección establecidas previamente.
¿Qué pasa con la convocatoria Entidades del Orden Nacional 2026?
Uno de los procesos que queda en el centro de la atención es Entidades del Orden Nacional 2026, adelantado por la CNSC y diseñado para proveer vacantes definitivas mediante las modalidades de ascenso y abierto.
La convocatoria contempla 1.665 vacantes en entidades del orden nacional, entre ellas la ADRES, el Fondo de Previsión Social del Congreso, el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Invima, la Contaduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.
De estas plazas, 441 corresponden a la modalidad de ascenso y 1.224 a la modalidad abierta, proceso en el que participan ciudadanos que buscan ingresar por primera vez a la carrera administrativa.
La suspensión pone bajo la lupa el desarrollo de estos procesos y genera interrogantes entre quienes ya habían iniciado su camino para obtener uno de estos cargos.
El debate por el empleo público
La nueva medida enfrenta dos posiciones. Desde el Gobierno, las plantas temporales son presentadas como una herramienta para atender las necesidades inmediatas de las entidades y garantizar que la administración pueda continuar funcionando.
Del otro lado están los aspirantes que esperan que el mérito siga siendo la principal vía para acceder a los cargos de carrera del Estado.
En una declaración previa sobre su política de selección de funcionarios, el presidente Abelardo De La Espriella había defendido el criterio de mérito y experiencia al momento de conformar su Gobierno: “Los NUNCA llegaron a la campaña y así mismo deberán llegar al Gobierno”.
Frente a las nuevas disposiciones, la CNSC también se pronunció y señaló que evaluará las condiciones de cada proceso antes de la aplicación de pruebas, con el propósito de garantizar los principios que rigen el acceso al empleo público: “igualdad, mérito y publicidad”.
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