El Gobierno firmó el decreto que elimina la suspensión general del porte de armas de fuego en Colombia. La decisión no significa que cualquiera podrá salir armado: seguirán vigentes los requisitos, controles y permisos de las autoridades competentes.

El Gobierno cambió las reglas sobre el porte de armas en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que elimina la suspensión general que impedía a los ciudadanos portar armas de fuego, una medida que su administración considera que terminó desarmando a quienes cumplían la ley mientras los delincuentes seguían consiguiendo pistolas, revólveres, fusiles y hasta armamento de guerra en el mercado ilegal.

La decisión representa un giro en la política de seguridad del país. La tesis del Ejecutivo es sencilla: la prohibición general resultaba inútil frente a organizaciones criminales que jamás dependieron de un permiso para conseguir un arma, mientras cerraba esa posibilidad incluso para ciudadanos que podían cumplir todos los requisitos establecidos por las autoridades.

“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, expresó De la Espriella al justificar la medida.

Más de 15 mil armas incautadas

El Gobierno acompañó el anuncio con cifras que muestran la dimensión del armamento ilegal que circula en Colombia. Según el balance presentado, entre el primero de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego.

De ese total, 14.179 aparecían asociadas a la comisión de diferentes delitos. El dato es utilizado por el Ejecutivo para sostener que el principal problema de seguridad está en las armas que circulan completamente por fuera de cualquier autorización y terminan en poder de delincuentes y organizaciones criminales.

“El 99,9 % de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales”, sostuvo el mandatario.

Las cifras sobre los grupos armados también fueron puestas sobre la mesa. A las disidencias les fueron incautadas 980 armas, entre ellas 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. En operaciones contra el Clan del Golfo fueron decomisadas otras 551, mientras que al ELN le quitaron 339.

Para el Gobierno, ese arsenal evidencia dónde debe concentrarse la persecución del Estado: en las estructuras que consiguen, transportan y utilizan armamento ilegal para cometer homicidios, extorsiones, secuestros y mantener control sobre diferentes territorios.

No significa que cualquiera pueda salir armado

La eliminación de la suspensión general tampoco convierte el porte de armas en un derecho automático. El decreto acaba con la prohibición absoluta, pero mantiene los filtros para determinar quién puede recibir autorización.

Quien pretenda portar legalmente un arma tendrá que cumplir los requisitos establecidos, someterse a las verificaciones correspondientes y obtener el permiso de las instituciones competentes. Las autoridades conservarán la facultad de controlar, negar autorizaciones y perseguir el armamento que circule ilegalmente.

Ese punto resulta clave ante el alcance de una decisión que seguramente abrirá una fuerte discusión nacional. El Gobierno insiste en diferenciar entre levantar una prohibición general y permitir que cualquier ciudadano pueda caminar armado por las calles.

“Ya era hora”

De la Espriella defendió el cambio como una forma de devolverles a los ciudadanos que cumplen la ley la posibilidad de solicitar autorización para protegerse, especialmente en un país donde las organizaciones delincuenciales conservan una importante capacidad armada.

“Ya era hora de devolverle la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien que se puedan defender”, aseguró.

Con la firma del decreto, Colombia entra así en una nueva etapa frente al porte de armas. El Gobierno apuesta por mantener los controles para quienes quieran hacerlo legalmente y endurecer la persecución contra quienes las poseen al margen de la ley.

La prohibición general quedó atrás. Ahora el desafío será demostrar que abrir nuevamente la puerta al porte autorizado servirá para proteger a los ciudadanos sin terminar poniendo más armas en unas calles que ya cargan con suficiente violencia.