Cambiarían los contratos por prestación de servicios: proponen vacaciones pagadas y sanciones por retrasos de pagos en Colombia
Un proyecto de ley busca modificar las condiciones de los contratistas, con nuevas reglas para los descansos, la seguridad social, los pagos y la protección laboral. La iniciativa aún no está vigente y debe avanzar en el Congreso.
El Proyecto de Ley 218 de 2026 Cámara plantea cambios importantes para los contratos de prestación de servicios, inicialmente en el sector público. La propuesta busca mejorar las condiciones de quienes trabajan bajo esta modalidad y establecer mayores garantías frente a situaciones como retrasos en los pagos, seguridad social y terminaciones anticipadas.
16 días de descanso sin reducir los honorarios
Uno de los puntos que más llama la atención de la iniciativa es la creación de un periodo de descanso remunerado de 16 días calendario consecutivos por cada año de ejecución del contrato.
De acuerdo con la propuesta, este periodo deberá disfrutarse durante la vigencia del vínculo y no implicaría una reducción de los honorarios pactados.
El proyecto también contempla que el tiempo de descanso sea proporcional cuando el contrato tenga una duración inferior a un año.
Las entidades asumirían nuevos trámites de seguridad social
Otro de los cambios estaría relacionado con la seguridad social de los contratistas.
La propuesta plantea que las entidades contratantes tengan un papel más activo en el proceso y realicen directamente los pagos correspondientes al sistema, descontando posteriormente los valores respectivos de los honorarios del contratista.
Además, deberían reportar a través de la PILA las novedades relacionadas con el inicio, suspensión o terminación de los contratos.
También se contempla que las entidades asuman el costo de los exámenes médicos ocupacionales de los contratistas.
Habría sanciones por demorarse en pagar
El proyecto también busca ponerle freno a uno de los problemas que enfrentan algunos contratistas: las demoras en el pago de sus honorarios.
La iniciativa propone establecer plazos máximos de 15 o 30 días, dependiendo del tipo de entidad contratante.
Cuando se incumplan estos tiempos, se activaría una cláusula moratoria, mediante la cual la entidad tendría que compensar económicamente al contratista por los días de retraso.
Proponen tablas para fijar los honorarios
La iniciativa también plantea establecer tablas de referencia para los honorarios, teniendo en cuenta aspectos como el perfil profesional y la experiencia del contratista.
El objetivo sería evitar que el trabajo de quienes prestan sus servicios sea subvalorado y establecer criterios para determinar cuánto deberían recibir de acuerdo con sus capacidades y responsabilidades.
Protección para personas en situación de vulnerabilidad
El proyecto contempla además una protección especial para contratistas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta o en estado de embarazo.
En estos casos, se plantea restringir la terminación anticipada del contrato bajo determinadas circunstancias.
Asimismo, los contratistas podrían participar en los programas de bienestar institucional de las entidades sin que esto, por sí solo, sea utilizado como argumento para determinar que existe una relación laboral subordinada.
¿Ya está vigente?
El Proyecto de Ley 218 de 2026 apenas inicia su trámite en el Congreso de la República, por lo que todavía debe superar los debates y procedimientos establecidos para convertirse en ley.
Por ahora, los contratos de prestación de servicios continúan funcionando bajo las reglas actuales. Los cambios mencionados solo entrarían en aplicación si la iniciativa es aprobada y posteriormente sancionada como ley.
La propuesta abre así un nuevo debate sobre las condiciones de miles de contratistas que trabajan para entidades públicas y sobre los límites entre la prestación independiente de servicios y las relaciones laborales formales.
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