Un juzgado de familia de Bogotá puso un límite a las operaciones aéreas contra grupos armados cuando existan razones serias para creer que en el lugar hay niños o adolescentes reclutados.

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella abstenerse, de manera provisional, de ejecutar bombardeos contra lugares donde exista información cierta o verificable que indique la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.

La orden judicial llega en medio de la polémica que han generado las recientes operaciones militares contra estructuras armadas y, especialmente, después de que se confirmara la muerte de menores de edad durante uno de estos ataques.

La medida no significa que las Fuerzas Militares tengan prohibido realizar bombardeos de manera general. El alcance de la decisión es específico: si existen elementos que permitan advertir que menores podrían encontrarse en el objetivo, las autoridades deberán extremar las medidas para evitar que resulten afectados.

Antes de llevar a cabo una operación de este tipo, deberán analizarse las condiciones del lugar y establecer si existe alguna alternativa que permita cumplir con el objetivo militar sin exponer a los menores a un riesgo mayor.

La decisión se conoce mientras continúa el debate por los operativos desarrollados en zonas como Catatumbo, Norte de Santander, y Guaviare, donde las Fuerzas Militares han adelantado acciones contra estructuras armadas.

Uno de los episodios que quedó incorporado en el proceso ocurrió en Guaviare, donde un bombardeo contra una estructura disidente dejó varios muertos. Posteriormente, Medicina Legal estableció que entre los fallecidos había tres menores de edad, situación que aumentó la controversia alrededor de este tipo de operaciones.

Precisamente, la tutela que originó la decisión busca proteger a niños, niñas y adolescentes que estarían siendo reclutados o utilizados por grupos armados y que podrían permanecer dentro de campamentos convertidos en objetivos militares.

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El proceso fue promovido por Ower Jimmy Borda Parra, quien pidió la intervención de la justicia ante el riesgo que, según lo expuesto en la acción, enfrentan los menores que permanecen bajo el control de organizaciones armadas.

La orden ya fue notificada a la Presidencia, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, entre las instituciones involucradas en la ejecución de operaciones militares.

Por ahora, la medida tiene carácter provisional y permanecerá vigente mientras el juzgado resuelve de fondo la tutela.