Decenas de uniformados que hicieron parte de los equipos de protección durante el Gobierno de Gustavo Petro fueron trasladados a departamentos como Cauca, Norte de Santander, Nariño, Arauca, Chocó y Antioquia. La orden es administrativa y hasta ahora no existe evidencia de que se trate de una retaliación política.

Pasaron de integrar los equipos encargados de proteger al entonces presidente Gustavo Petro a ser destinados a algunas de las regiones donde la Fuerza Pública enfrenta diariamente al ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras ilegales.

El cambio quedó establecido en la Orden Administrativa de Personal 26-233, expedida el 21 de agosto de 2026, mediante la cual decenas de policías adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO) fueron trasladados a diferentes unidades territoriales después del relevo presidencial ocurrido el pasado 7 de agosto.

Entre los destinos aparecen Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Chocó, Arauca, La Guajira, Urabá y Vichada. Varios de esos territorios mantienen serios problemas de orden público y una permanente confrontación entre grupos armados y la Fuerza Pública.

De la seguridad presidencial a territorios en conflicto

El contraste entre las antiguas y las nuevas funciones es considerable. Los policías venían de desempeñar labores especializadas dentro de los dispositivos de protección del anterior Gobierno y ahora deberán incorporarse a unidades ubicadas en departamentos donde la seguridad representa un desafío permanente.

Uno de los destinos contemplados es Norte de Santander, incluida Cúcuta, una región marcada por la presencia de estructuras armadas ilegales y diferentes hechos de violencia.

También aparecen Cauca y Nariño, dos departamentos donde durante años las autoridades han enfrentado disputas territoriales, ataques y acciones de grupos ilegales. A estos se suman Arauca, Chocó, Antioquia, Meta, Caquetá y otras zonas con escenarios complejos de seguridad.

Para algunos uniformados, el cambio significará pasar de los anillos y dispositivos de protección presidencial a labores policiales en territorios donde existen amenazas constantes contra miembros de la Fuerza Pública.

¿Quién decidió enviarlos?

La orden administrativa establece que los movimientos fueron gestionados por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, dependencia responsable de administrar el personal y realizar traslados de acuerdo con las necesidades del servicio.

Este punto resulta clave frente a las interpretaciones políticas que pueda generar la decisión.

Hasta ahora, el documento conocido no señala que el presidente Abelardo de la Espriella haya ordenado personalmente los traslados, tampoco establece que los policías fueran enviados a esos territorios como represalia por haber trabajado en los dispositivos de seguridad durante el Gobierno Petro.

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Se trata, de acuerdo con la información disponible, de una redistribución institucional de personal posterior al cambio de Gobierno.

El cambio de Gobierno modificó sus destinos

Con la posesión del nuevo presidente el pasado 7 de agosto comenzó también el relevo de los dispositivos relacionados con la seguridad presidencial. Parte del personal que deja estas funciones puede ser redistribuido hacia otras unidades dependiendo de las necesidades que determine la Policía Nacional.

La Orden Administrativa de Personal 26-233 hace parte de esos movimientos y contempla además los procedimientos correspondientes al cambio de sede de los uniformados.

Sin embargo, los lugares escogidos para algunos de ellos son los que terminaron poniendo la decisión bajo la lupa.