La medida ilegal rige por 48 horas en diez poblaciones de la región, donde además se reportan hostigamientos a la fuerza pública y amenazas directas contra pobladores.

Un pronunciamiento atribuido a la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) encendió las alarmas en el norte del país, tras la confirmación de un “paro armado” enfocado en frenar la operatividad cotidiana en múltiples localidades de los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena.

La disposición del grupo insurgente fija restricciones de movilidad que iniciaron a las 8:00 de la noche del sábado 29 de agosto y que se prevé concluyan el lunes 31 de agosto de 2026.

“Este paro se llevará a cabo hasta el días lunes 31 de agosto del 2026” aseguraron.

Bajo este mandato, la guerrilla prohibió el desplazamiento de personas y vehículos por calles y carreteras, al tiempo que ordenó la suspensión total de actividades en negocios, discotecas, sitios nocturnos y recintos de masiva afluencia ciudadana.

La orden impuesta por la organización armada impacta directamente a diez municipios caribeños: Tamalameque, Pailitas, Pelaya y La Gloria en territorio cesarense; El Banco dentro de la jurisdicción del Magdalena; junto con Regidor, Río Viejo, El Peñón, Matanza de Caña y El Cerrito en Bolívar.

De manera simultánea a las prohibiciones viales y comerciales, la guerrilla atribuyó a los integrantes del frente «Camilo Torres» la ejecución de arremetidas armada contra la sede de la Policía Nacional en Pailitas, circunstancia por la cual el escrito insta a la población civil a permanecer en el interior de sus domicilios para evitar riesgos a su integridad.

“No queremos transporte por las vías y las calles de estas poblaciones, no queremos ver sitios abiertos al público como, cantinas, discotecas, parrandas en casas y personas en las calles”.

En la misma pieza comunicativa, la estructura delictiva sumó una amenaza puntual dirigida a cuatro residentes de la población de Tamalameque.

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El ELN exigió el abandono inmediato de la zona a Gerlen Churrio, Patricia Gómez Robles, Samir de Agua y Jorge Eliecer Gómez Garrido, tras señalar sus presuntos vínculos con la Fuerza Pública o con el propio grupo armado.

Las instituciones de seguridad del Estado avanzan en la evaluación técnica del documento impreso para certificar su autenticidad, por lo que el reporte responde de forma estricta al contenido divulgado por la agrupación ilegal y no a una verificación independiente por parte de los organismos oficiales.