Una denuncia formal entregada a las autoridades judiciales señala que el asesinato del dirigente político fue ordenado desde el Gobierno, con apoyo financiero extranjero y la presunta participación de excombatientes reincorporados, lo que ha generado exigencias de investigación en los altos mandos del Estado.

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay dio un giro luego de que su viuda, María Claudia Tarazona, rindiera declaraciones y aportara elementos probatorios clave.

El núcleo central de la denuncia radica en que la orden para ejecutar el crimen se gestó directamente desde el Congreso de la República, contando además con apoyo financiero canalizado desde Venezuela.

“La orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay salió del Congreso de la República”, habría señalado María Claudia Tarazona.

Para respaldar esta hipótesis, la denunciante puso a disposición de las autoridades datos específicos, fotografías y conversaciones de mensajería instantánea.

“Hay una línea de investigación, esto quiere decir que hay elementos probatorios que llevan a ese enunciado de que pudo haber salido la orden del Gobierno nacional”, manifestó.

De acuerdo con el material entregado, los indicios apuntan a la presunta participación como determinador del excongresista Marcos Calarcá, antiguo comandante guerrillero de las Farc que posteriormente ocupó una curul en la Cámara de Representantes por el partido Comunes.

Asimismo, la información señala que la familia y otros dirigentes del partido Centro Democrático ya habían recibido advertencias sobre planes de atentados en su contra.

Ante la gravedad institucional de los señalamientos, las reacciones políticas no tardaron en producirse.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, profundizar en estas posibles conexiones, mientras que el expresidente Álvaro Uribe exigió medidas urgentes de protección para la viuda.

“Es muy grave pensar que había información previa al atentado, pero estamos esperando que se corrobore la veracidad de estos hechos”.

Por su parte, analistas y sectores políticos han advertido que comprobar la veracidad de estos nexos representaría un hecho de extrema gravedad en el marco de la reincorporación de los excombatientes.

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Sin embargo, las autoridades judiciales reiteraron que la documentación y los chats entregados corresponden a una línea de investigación preliminar, por lo que la Fiscalía será la encargada de verificar la autenticidad de las pruebas y determinar judicialmente las responsabilidades correspondientes.