¿Privatización o nuevo modelo de administración? Decreto para entregar colegios públicos a privados desata choque entre Gobierno y Petro
El Ministerio de Educación puso en consulta un proyecto que permitiría a empresas, organizaciones y entidades religiosas asumir durante largos periodos la administración de establecimientos educativos oficiales. El Gobierno sostiene que los colegios seguirán siendo públicos y bajo control estatal, mientras el expresidente Gustavo Petro advierte que abrirle espacio a particulares representa una amenaza para la educación pública.
La administración de colegios oficiales por parte de empresas, organizaciones y hasta entidades religiosas abrió una nueva pelea política en Colombia. Un borrador de decreto presentado por el Ministerio de Educación plantea que terceros con experiencia puedan encargarse de la organización, coordinación, dirección y administración de establecimientos públicos, una posibilidad que encendió las alarmas entre sectores que consideran que el país estaría avanzando hacia una privatización encubierta de la educación.
El Gobierno rechaza esa interpretación. La ministra de Educación, Vivian Morales, asegura que los colegios conservarán su naturaleza oficial, que la matrícula seguirá haciendo parte del sistema público y que las entidades territoriales mantendrán el control, la vigilancia y la responsabilidad sobre la prestación del servicio.
Al otro lado está el expresidente Gustavo Petro, quien salió a cuestionar con dureza cualquier fórmula que, en su criterio, pueda permitir que particulares ganen terreno dentro de la educación financiada por el Estado.
El choque apenas comienza porque el documento todavía se encuentra en etapa de consulta pública.
Terceros podrían administrar colegios oficiales
La propuesta busca modificar disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y permitir que las secretarías de educación de departamentos, distritos y municipios certificados puedan apoyarse en entidades externas para administrar determinados establecimientos educativos oficiales.
Estas organizaciones tendrían funciones relacionadas con la organización, coordinación, dirección y gestión de los colegios que entren al modelo.
Para participar, según el borrador, los interesados deberán demostrar experiencia e idoneidad. Uno de los requisitos contemplados es acreditar al menos diez años de trayectoria en el sector correspondiente.
El planteamiento abre así la puerta tanto a operadores públicos como privados que cumplan las condiciones establecidas por el Ministerio.
Uno de los puntos que más discusión ha generado tiene que ver con los trabajadores vinculados directamente por estos operadores. Docentes, directivos y personal administrativo contratado por las organizaciones estarían sometidos al régimen laboral privado y su vínculo contractual sería con el operador, no directamente con el Estado.
Esa diferencia se convirtió en uno de los argumentos utilizados por quienes advierten sobre una participación cada vez mayor de particulares dentro del sistema educativo oficial.
Iglesias también podrían participar
El borrador contempla igualmente alianzas con entidades religiosas, especialmente para apoyar labores pedagógicas y administrativas en territorios de difícil acceso.
La participación de iglesias despertó otra discusión sobre el alcance que podrían tener estas organizaciones dentro de escuelas financiadas con recursos públicos.
Vivian Morales aseguró que la posibilidad de establecer este tipo de acuerdos no apareció con el nuevo proyecto. Según explicó, existe respaldo jurídico desde 1994, mediante normas relacionadas con la libertad religiosa y pronunciamientos de la Corte Constitucional.
La ministra insiste en que esa participación tampoco significaría entregar la propiedad de los colegios. La infraestructura continuaría perteneciendo al Estado y los servidores públicos que ya hagan parte de las instituciones conservarían su condición.
Morales: “Los establecimientos continúan siendo oficiales”
Ante las críticas, la ministra salió a defender el proyecto y negó que el propósito sea privatizar los colegios públicos.
Según explicó, la intención consiste en entregarles a las entidades territoriales alternativas adicionales para manejar instituciones en las que puedan requerirse capacidades administrativas, pedagógicas o de gestión especializadas.
“Se trata de dar claridad a las entidades territoriales certificadas con herramientas para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales, permitiéndoles apoyarse en entidades con experiencia e idoneidad en ámbitos pedagógicos, administrativos y de gestión, sin que ello implique trasladar o sustituir la responsabilidad estatal sobre la prestación del servicio educativo”, sostuvo Morales.
La funcionaria remarcó además que los estudiantes seguirán matriculados dentro de la oferta educativa pública.
“Los establecimientos continúan siendo oficiales, la matrícula permanece en la oferta oficial y la entidad territorial conserva la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio”, señaló.
Para defender el esquema, Morales puso sobre la mesa la experiencia de 38 colegios en Bogotá administrados bajo modelos de colaboración con terceros. De acuerdo con la ministra, estas instituciones han mostrado resultados positivos en indicadores como las pruebas Saber 11, permanencia escolar y acceso posterior de los estudiantes a la educación superior.
Desde esa perspectiva, el Ejecutivo presenta el proyecto como una herramienta de administración y no como un proceso de venta o transferencia del sistema educativo.
Petro ve una amenaza sobre la educación pública
La explicación del Ministerio no convenció al expresidente Gustavo Petro.
El exmandatario rechazó de manera contundente cualquier decisión que, bajo su interpretación, permita avanzar hacia la privatización de instituciones creadas o sostenidas con recursos públicos.
Petro sostuvo que la educación constituye uno de los asuntos que el país debe considerar intocables dentro de cualquier negociación política o económica.
“No se puede negociar de ninguna manera el que privaticen la educación superior, cualquier forma de educación pública que hayamos creado o que reduzcan el presupuesto de la educación pública en términos reales, porque eso significa privatizar la educación o embrutecer la sociedad colombiana. Y eso no es negociable”, afirmó.
Para Petro, permitir un debilitamiento presupuestal o una transferencia progresiva de responsabilidades hacia actores particulares significaría retroceder en el propósito de garantizar educación como un derecho y limitaría las posibilidades de desarrollo intelectual y social del país.
Su posición convierte el borrador en otro escenario de confrontación entre el actual Gobierno y el proyecto político que encabezó durante su paso por la Casa de Nariño.
El debate está en lo que significa “administrar”
El punto central de la controversia está en una diferencia que parece técnica, pero tiene fuertes consecuencias políticas.
El Gobierno sostiene que permitir que un tercero administre un establecimiento oficial no equivale a privatizarlo porque el Estado conservaría la propiedad, la matrícula pública, la vigilancia y la responsabilidad general sobre el servicio.
Los críticos observan el asunto desde otra perspectiva: una empresa, fundación o iglesia podría manejar aspectos centrales del funcionamiento cotidiano del colegio y contratar trabajadores bajo reglas privadas, pese a tratarse de una institución perteneciente al sistema público.
Ese choque de interpretaciones será uno de los principales asuntos que tendrá que resolver el Ministerio antes de expedir la versión definitiva del decreto.
El documento todavía está en consulta, por lo que puede recibir observaciones, modificaciones o ajustes antes de convertirse en una norma obligatoria.
Petro llevó la discusión hasta las tierras del Estado
Durante su intervención, el expresidente amplió sus críticas hacia otro asunto que considera estratégico: el destino de las tierras públicas.
Petro sostuvo que cerca de un millón de hectáreas que se encuentran en poder del Estado deberían ser entregadas exclusivamente a familias campesinas para impulsar la producción de alimentos.
Según su planteamiento, esos terrenos deben mantenerse lejos de redes mafiosas, dirigentes políticos o personas cercanas a sectores del poder que puedan terminar apropiándose de ellos.
Aunque se trata de una discusión diferente a la educativa, Petro vinculó ambos asuntos bajo una misma advertencia: los bienes y servicios públicos, a su juicio, deben permanecer destinados al interés general y evitar quedar progresivamente bajo el control de particulares.
Mientras el Ministerio insiste en que los colegios seguirán siendo públicos y que solamente cambiarían algunas herramientas para administrarlos, Petro coloca una palabra mucho más incómoda sobre la discusión: privatización.
El decreto todavía no ha sido expedido, pero su borrador ya consiguió algo: convertir la forma en que se administran las escuelas oficiales en una nueva batalla política nacional.
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