El representante a la Cámara pidió investigar a fondo cualquier posible irregularidad alrededor del proyecto de $786.000 millones, pero lanzó una advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella: los cuestionamientos no pueden convertirse en otra excusa para aplazar la solución a la histórica crisis de agua de Santa Marta.

La controversia por las plantas desalinizadoras volvió a poner en incertidumbre una de las obras que Santa Marta espera como salida a décadas de escasez de agua. Tras los señalamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto, el representante a la Cámara por el Magdalena Felipe Hernández pidió investigar todo lo que sea necesario, pero advirtió que la ciudad no puede terminar pagando otra disputa política con más años de retrasos.

El congresista planteó una pregunta de fondo: si las actuaciones denunciadas deben ser esclarecidas por las autoridades o si la controversia terminará siendo utilizada para frenar un proyecto que ya cuenta con una ruta definida y recursos contemplados por la Nación.

“Que se investigue y se garantice absoluta transparencia, pero esperamos que estos señalamientos no terminen haciendo parte de una estrategia mediática para desacreditar al Gobierno saliente. Una controversia política no puede poner en riesgo proyectos estratégicos ni hacer que los samarios sigan pagando con más retrasos una crisis histórica”, señaló Hernández.

Una ciudad que lleva décadas esperando agua

El pronunciamiento ocurre alrededor de un problema que ha sobrevivido a gobiernos nacionales, administraciones distritales y una larga lista de proyectos anunciados como la solución definitiva para Santa Marta.

Durante años se plantearon alternativas como captar agua de los ríos Toribio y Córdoba, llevarla desde el río Magdalena, desarrollar una APP para fortalecer el sistema de acueducto y posteriormente aprovechar fuentes como los ríos Guachaca y Buritaca. Las propuestas avanzaron en diferentes momentos, pero ninguna consiguió convertirse en la solución estructural que requiere la ciudad.

En el Gobierno de Gustavo Petro tomó fuerza la alternativa de las plantas desalinizadoras. El proyecto quedó incluido en el CONPES 4159 como una iniciativa estratégica para la Nación, con inversiones proyectadas por más de $786.000 millones.

Para Hernández, echar atrás ese camino significaría condenar nuevamente a Santa Marta a comenzar una discusión que lleva décadas repitiéndose.

“Después de décadas de promesas, Petro dejó recursos y una solución encaminada. Ese avance no puede echarse atrás por diferencias políticas o ideológicas”, afirmó.

La controversia por los $786.000 millones

Las alarmas surgieron después de las declaraciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre posibles irregularidades relacionadas con el proceso adelantado alrededor de las desalinizadoras.

Hernández considera legítimo que los organismos competentes revisen las actuaciones, establezcan responsabilidades si encuentran irregularidades y garanticen que una inversión de semejante magnitud se ejecute con absoluta transparencia.

Sin embargo, recordó que la ESSMAR ha señalado que actualmente no existe un proceso de licitación, adjudicación ni contratación de las plantas desalinizadoras. Según la empresa, la actuación que ha generado cuestionamientos correspondió a una solicitud de ofertas no vinculantes y, por tanto, no produjo compromisos contractuales.

Para el representante, esa diferencia debe quedar completamente esclarecida antes de que la controversia termine afectando la continuidad de una obra considerada estratégica para Santa Marta.

Hernández le pide garantías al nuevo Gobierno

El llamado también fue dirigido directamente al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Hernández pidió que cualquier diferencia con la administración anterior se mantenga alejada de las decisiones relacionadas con el futuro del abastecimiento de agua de los samarios.

Su posición es que el nuevo Gobierno debe revisar, vigilar y corregir aquello que encuentre irregular, pero también aprovechar los estudios, recursos y avances que puedan resultar técnicamente viables.

“El agua de Santa Marta no tiene color político. Esta es una solución para los samarios. Al nuevo Gobierno le corresponde construir sobre lo avanzado, garantizar los controles y ejecutar con transparencia. Santa Marta no merece volver a empezar de cero”, manifestó.

Investigar sin condenar a Santa Marta a otra espera

La discusión deja ahora dos asuntos que tendrán que resolverse de manera paralela: determinar si existieron irregularidades en las actuaciones adelantadas alrededor del proyecto y establecer qué ocurrirá con la ruta diseñada para construir las desalinizadoras.

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Para Hernández, investigar y garantizar la continuidad del proyecto son asuntos que pueden avanzar al mismo tiempo. Lo que considera inaceptable es que una controversia entre el Gobierno entrante y el saliente termine enterrando nuevamente una solución para una ciudad que lleva décadas esperando agua potable suficiente.

Santa Marta ya ha visto pasar proyectos, anuncios y alternativas que terminaron archivadas. Por eso, mientras las autoridades determinan qué ocurrió alrededor de las desalinizadoras, el congresista insiste en que esta vez la investigación debe servir para garantizar transparencia y no convertirse en el punto de partida de otra larga espera.