Entérate en Línea tuvo acceso a una denuncia penal fechada el 13 de abril de 2026 y dirigida a la Fiscalía General de la Nación, en la que se advierte sobre un supuesto plan del Clan del Golfo para atentar contra la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra. El documento revela además un dato hasta ahora desconocido: las amenazas eran conocidas desde hace casi cuatro meses y Rafael Martínez acompañó a la mandataria con su firma en la denuncia.

Las graves amenazas denunciadas recientemente por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, fueron dadas a conocer formalmente a las autoridades hace poco más de cuatro meses. Entérate en Línea tuvo acceso a un documento fechado el 13 de abril de 2026, hace casi cuatro meses, en el que la mandataria, junto a Rafael Martínez y el abogado Alejandro Arias, pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un supuesto “plan de exterminio y sabotaje” que atribuyen, a partir de información recibida, al Clan del Golfo.

El documento aporta un elemento revelador en medio de la actual tensión política entre Guerra y Fuerza Ciudadana: Rafael Martínez conocía desde abril las amenazas y acompañó personalmente a la gobernadora en la denuncia penal, estampando su firma junto a la de ella y la de Arias.

La denuncia fue dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y solicita investigar los presuntos delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, además de concierto para delinquir.

Su contenido resulta especialmente delicado porque menciona supuestos seguimientos, planes operativos y órdenes para atentar contra Guerra y dirigentes de su proyecto político. Sin embargo, corresponde a la Fiscalía verificar la información y determinar si efectivamente el Clan del Golfo se encuentra detrás de las amenazas.

Las amenazas se conocían desde hace casi cuatro meses

La fecha que aparece en el documento abre un nuevo capítulo alrededor de las denuncias realizadas recientemente por Margarita Guerra.

El registro señala el 13 de abril de 2026, lo que indica que desde hace casi cuatro meses las autoridades tenían conocimiento de información relacionada con un supuesto plan criminal contra la gobernadora, Rafael Martínez y Alejandro Arias. Hasta ahora no ha habido confirmación o resultados frente a dicha denuncia por parte de las autoridades.

Esto significa que las amenazas expuestas recientemente por Guerra públicamente tienen un antecedente formal que se remonta varios meses atrás y que fue llevado directamente ante la Fiscalía.

También demuestra que Rafael Martínez conocía la gravedad de la situación. Lejos de aparecer ajeno a las intimidaciones denunciadas por la gobernadora, el exmandatario departamental figura como denunciante e incluso también como víctima dentro del mismo documento.

Guerra, Martínez y Arias comparecen conjuntamente para advertir sobre hechos que, según expresaron, amenazaban sus vidas, su integridad y el ejercicio de sus funciones y liderazgos.

Denunciaron un supuesto “plan de exterminio y sabotaje”

El documento utiliza términos contundentes para describir la información que habría llegado hasta los dirigentes.

“Hemos sido informados sobre un plan de exterminio y sabotaje orquestado por la estructura criminal denominada Clan del Golfo”, señala la denuncia.

Según el relato entregado a la Fiscalía, Alejandro Arias habría recibido la información directamente de un excombatiente con conocimiento de los movimientos de esa organización criminal.

La fuente habría advertido sobre órdenes para atacar a los tres denunciantes y a otros integrantes de su proyecto político.

“Se han impartido órdenes perentorias para atentar contra nuestra integridad física y la de los cuadros directivos de nuestro proyecto político”, quedó consignado en la denuncia.

La Gobernación y Fuerza Ciudadana estarían entre los objetivos

La información puesta en conocimiento de la Fiscalía va más allá de amenazas individuales. Según los denunciantes, detrás del supuesto plan existiría también la intención de golpear políticamente a la Gobernación del Magdalena y a Fuerza Ciudadana.

“La información detalla que el Clan del Golfo ha señalado nuestra labor institucional y política como un objetivo militar, pretendiendo a través del terror anular la gestión de la Gobernación del Magdalena y la participación de Fuerza Ciudadana en la contienda electoral”, asegura el documento.

Los firmantes atribuyen estas amenazas a la posición que han mantenido frente a estructuras criminales que operan en el territorio.

La Fiscalía deberá establecer si esa hipótesis corresponde con la realidad y determinar si existen evidencias que permitan relacionar a integrantes del Clan del Golfo con los seguimientos y planes denunciados.

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Una videollamada sería la prueba central

Otro de los elementos relevantes del documento es la existencia de una videollamada que habría permitido conocer los detalles del supuesto plan.

Según la denuncia, Alejandro Arias fue contactado por un excombatiente que tendría información sobre las estructuras del Clan del Golfo. Durante esa comunicación habría recibido datos sobre órdenes para atentar contra los denunciantes, seguimientos y presuntos planes operativos.

El registro de esa videollamada fue presentado como “elemento central” dentro de las pruebas.

Los denunciantes también pusieron a disposición de los investigadores el dispositivo o registro digital donde estaría almacenada la comunicación para que sea sometido a extracción y análisis forense.

La verificación de este material será fundamental para establecer quién suministró la información, qué conocimiento tenía sobre la organización criminal y qué tan creíbles son las advertencias realizadas.

Martínez acompañó a Guerra en la denuncia

La aparición de Rafael Martínez como firmante adquiere especial relevancia debido al distanciamiento político que actualmente atraviesa su relación con Margarita Guerra.

En los últimos días, la gobernadora ha defendido públicamente la independencia de su administración frente a Fuerza Ciudadana y ha denunciado presiones y amenazas relacionadas con decisiones adoptadas durante su gestión.

Sin embargo, el documento del 13 de abril demuestra que meses antes de que las diferencias políticas quedaran expuestas públicamente, Guerra y Martínez acudieron juntos ante la Fiscalía como presuntas víctimas de un mismo plan criminal.

Martínez incluso acompañó con su firma la solicitud para que las autoridades investigaran las amenazas y reforzaran las medidas de protección.

Este antecedente resulta importante frente a cualquier interpretación que pretenda vincular automáticamente las amenazas denunciadas por Guerra con la reciente ruptura política. Al menos en abril, la hipótesis puesta formalmente en conocimiento de la Fiscalía señalaba hacia una organización criminal y ubicaba a Guerra entre sus posibles objetivos.

Pidieron reforzar inmediatamente su seguridad

Los tres denunciantes solicitaron a la Fiscalía asignar un cuerpo especial de investigación para establecer el origen de las amenazas.

También pidieron coordinar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional el reforzamiento inmediato de sus esquemas de seguridad y los de sus equipos de trabajo.

La denuncia plantea que los hechos podrían configurar los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos y concierto para delinquir agravado. La calificación jurídica definitiva dependerá de las investigaciones de las autoridades competentes.