El Ministerio Público inició una vigilancia preventiva superior sobre el proceso contractual de la planta desalinizadora que impulsa ESSMAR y solicitó suspender temporalmente la licitación mientras revisa posibles riesgos en la planeación, la transparencia y el manejo de los recursos públicos.

El proyecto llamado a convertirse en la solución definitiva para la crisis de agua de Santa Marta quedó bajo el escrutinio de la Procuraduría General de la Nación. El organismo de control inició una vigilancia preventiva superior sobre el millonario proceso contractual que adelanta ESSMAR para construir una planta desalinizadora y pidió suspender temporalmente la licitación mientras revisa si el proyecto se ajusta a los criterios con los que fue aprobado por el Gobierno Nacional.

La decisión se conoce cuando el contrato, valorado en cerca de 786.000 millones de pesos, avanza como una de las inversiones más importantes para garantizar el abastecimiento de agua potable en la capital del Magdalena.

La alerta nació desde el equipo de empalme de Abelardo

La actuación de la Procuraduría se produjo después de una solicitud presentada por Germán Calderón España, coordinador del Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción del gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella.

En su petición advirtió posibles riesgos relacionados con la planeación del proyecto, la transparencia del proceso y la adecuada protección de los recursos públicos comprometidos en la contratación.

Tras revisar la información inicial, el Ministerio Público decidió abrir la vigilancia preventiva para verificar que cada etapa del procedimiento se ajuste a los principios que rigen la contratación estatal.

Las dudas sobre el proyecto

Uno de los principales interrogantes planteados por la Procuraduría tiene que ver con las diferencias entre el proyecto declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4159 de 2025 y el que actualmente adelanta ESSMAR.

Mientras el documento aprobado por el Gobierno Nacional contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras para Santa Marta, el proceso licitatorio en curso plantea la ejecución de una sola planta, con capacidad aproximada de 630 litros por segundo y ubicación propuesta en el sector de Pescaíto.

Ante ese cambio, el organismo de control solicitó explicaciones sobre la desaparición de la planta proyectada para Taganga, las modificaciones en la ubicación de la infraestructura, la redistribución de capacidades y los cambios en la población beneficiaria del proyecto.

Además, advirtió que estos ajustes podrían comprometer principios fundamentales de la contratación pública, entre ellos la planeación, la publicidad, la libre concurrencia, la selección objetiva y la correcta ejecución de los recursos del Estado.

ESSMAR deberá entregar toda la documentación

Dentro del proceso de vigilancia, la Procuraduría requirió a ESSMAR la entrega de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y ambientales que respaldan la contratación.

También pidió conocer las modificaciones realizadas a los pliegos, los requisitos establecidos para los futuros contratistas y las razones que sustentan el modelo de contratación escogido para ejecutar una de las obras más ambiciosas en materia de agua potable para Santa Marta.

Toda esa información será analizada antes de definir si existen observaciones que ameriten nuevas actuaciones por parte del órgano de control.

Piden suspender la licitación

Como medida preventiva, la Procuraduría solicitó a ESSMAR detener temporalmente el proceso contractual mientras concluye la revisión de la documentación requerida y determina si el proyecto licitado corresponde al que fue aprobado inicialmente como estratégico para la ciudad.

La empresa deberá informar en un plazo de 24 horas si acoge la solicitud de suspensión. En caso de continuar con el proceso, tendrá que presentar las justificaciones técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras que respalden esa decisión.

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El Ministerio Público aclaró que esta actuación preventiva no representa una intervención en las decisiones administrativas de ESSMAR ni significa que existan irregularidades comprobadas. Su propósito, explicó, es anticipar posibles riesgos que puedan comprometer el patrimonio público y garantizar que un proyecto de semejante impacto para Santa Marta se ejecute con total transparencia y conforme a la ley.