La Alianza por la Vida aseguró que los señalamientos sobre presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con estructuras paramilitares deben ser esclarecidos por la justicia y recordó que el Magdalena sigue cargando las heridas de masacres, desplazamientos y miles de asesinatos atribuidos al conflicto armado.

Más de medio millón de víctimas del conflicto armado en el Magdalena volvieron a aparecer en el centro del debate presidencial. La Alianza por la Vida respaldó las acciones judiciales anunciadas por Iván Cepeda para que la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional investiguen las denuncias sobre presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con estructuras paramilitares.

El colectivo aseguró que estas acusaciones no pueden verse como una simple controversia electoral en un departamento donde el paramilitarismo dejó un rastro de sangre que todavía pesa sobre cientos de comunidades. Por eso pidió que las autoridades esclarezcan los hechos con celeridad, independencia y rigor.

El peso de una historia marcada por la guerra

Para la organización, las denuncias adquieren una dimensión distinta en el Magdalena porque aquí la violencia paramilitar dejó miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

Las cifras oficiales muestran la magnitud de esa tragedia. En el departamento han sido reconocidas 547.072 víctimas. Más de 507 mil personas fueron expulsadas de sus territorios por la fuerza, mientras que 41.194 aparecen registradas como víctimas de homicidio. También existen 851 casos de desaparición forzada, 127 masacres documentadas y 609 personas asesinadas en crímenes colectivos.

Detrás de esos números están las historias de familias que abandonaron sus hogares para salvar la vida, campesinos que perdieron sus tierras y pescadores asesinados en los caños de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Los pueblos donde la violencia dejó su huella

La Alianza por la Vida recordó que nombres como Nueva Venecia, Playón de Orozco, Salaminita, Santa Rita, Guáimaro, Trojas de Aracataca, Tasajera, La Gran Vía y Guacamayal siguen siendo sinónimo de dolor para miles de habitantes.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 9 de enero de 1999, cuando hombres armados irrumpieron en Playón de Orozco y asesinaron a decenas de pobladores.

La tragedia volvió a repetirse el 21 de noviembre de 2000 cuando pescadores fueron perseguidos y asesinados en los caños Clarín y Aguas Prietas antes de que los victimarios llegaran hasta Nueva Venecia para ejecutar otra masacre frente a la iglesia del corregimiento.

«No es una pelea política»

La organización insistió en que el respaldo a las acciones judiciales promovidas por Cepeda está relacionado con la búsqueda de la verdad y la memoria de las víctimas.

Según el colectivo, cuando aparecen denuncias relacionadas con actores que protagonizaron uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones y respuestas institucionales.

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Por esa razón, la Alianza por la Vida pidió que las investigaciones avancen hasta esclarecer los hechos denunciados y reiteró que las más de 547 mil víctimas reconocidas en el Magdalena merecen conocer la verdad sobre cualquier señalamiento que involucre a quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.