Asbama lanzó un llamado urgente al Ejército Nacional tras denunciar una escalada de amenazas, extorsiones y ataques que ya obligan a suspender labores en fincas bananeras. Mientras tanto, defensores de derechos humanos advierten que el municipio acumula 26 homicidios este año y que los criminales actúan con absoluta impunidad.

La violencia dejó de ser una amenaza y se convirtió en una forma de gobierno en la Zona Bananera. Los grupos armados entran a las fincas, intimidan trabajadores, roban vehículos, suspenden la producción agrícola y obligan a miles de personas a vivir bajo la ley del miedo. En las calles circulan panfletos que ordenan cerrar negocios, mientras hombres armados imponen restricciones y deciden quién trabaja, quién transita y quién permanece encerrado en sus casas.

La situación llegó a un punto crítico que obligó a la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) a hacer un llamado público al Ejército Nacional para reforzar urgentemente la presencia militar en el municipio.

Las fincas también son escenario de la guerra

Asbama denunció que durante el primer semestre de 2026 se ha registrado una escalada sostenida de acciones criminales en los sectores de Río Frío y Orihueca, dos de las principales zonas productoras de banano del departamento.

Según el gremio, hombres armados que se identifican como integrantes de las llamadas “Autodefensas Conquistadores de la Sierra” han ingresado a diferentes fincas para retener y amenazar trabajadores, hurtar motocicletas, vehículos, radios de comunicación y dispositivos electrónicos, además de exigir contactos directos con los productores.

Cada incursión deja consecuencias inmediatas. Las labores deben suspenderse por seguridad, la fruta deja de cortarse, los trabajadores son evacuados y la incertidumbre golpea a miles de familias que dependen de la actividad bananera para sobrevivir.

Asbama aseguró que más de 19.500 trabajadores del sector están expuestos a esta situación que amenaza la estabilidad económica de toda la región.

«Hacen lo que quieren»

Las denuncias del sector productivo coinciden con las advertencias realizadas por líderes sociales y defensores de derechos humanos sobre el deterioro acelerado de la seguridad en el municipio.

El defensor de derechos humanos Lerber Dimas aseguró que la Zona Bananera acumula ya 26 homicidios en lo corrido del año y describió un panorama donde las estructuras criminales ejercen control sobre amplias zonas del territorio.

«Hacen lo que quieren. Decapitan, asesinan mujeres, matan adultos mayores, cierran fincas bananeras, cierran el comercio. Obligan a las personas a no salir ni transitar. Entran matando a las casas», señaló.

Sus palabras reflejan una realidad que los habitantes conocen de cerca. Los asesinatos ocurren dentro de viviendas, en calles concurridas y a plena luz del día. El miedo se ha convertido en parte de la rutina de muchas comunidades.

El llamado desesperado al Ejército

Ante la gravedad de los hechos, Asbama dirigió una petición directa al general Hugo López, comandante del Ejército Nacional, para que disponga de manera inmediata un aumento del pie de fuerza militar en la Zona Bananera.

El gremio reconoció los esfuerzos realizados por la Policía Nacional, pero advirtió que la capacidad operativa actual resulta insuficiente frente a la magnitud de la amenaza que enfrentan trabajadores y productores.

La organización también pidió al Gobierno Nacional fortalecer las acciones de la Fiscalía y la Policía para desarticular las estructuras criminales que operan en la región y capturar a sus integrantes.

Una economía bajo amenaza

La preocupación trasciende el ámbito de la seguridad. La industria bananera representa una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico del Magdalena.

Por eso, cada finca paralizada, cada trabajador amenazado y cada jornada suspendida tiene un impacto directo sobre miles de hogares que dependen del cultivo y exportación de banano.

«El campo colombiano merece paz, seguridad y condiciones dignas para producir«, manifestó el presidente ejecutivo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga Cotes.

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Mientras los llamados de auxilio se multiplican, la sensación entre empresarios, trabajadores y habitantes es la misma: la violencia sigue avanzando y la respuesta institucional continúa siendo insuficiente frente a una crisis que cada día cobra más víctimas y amplía su control sobre el territorio.