La Fiscalía citó para el próximo 9 de junio al cantante urbano, a su mánager y a otras personas cercanas a su entorno. Todo nació de una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, quien asegura que fue retenido, golpeado y amenazado durante una reunión en Medellín.

Durante años fue una denuncia conocida apenas por un reducido círculo de abogados, investigadores y personas cercanas al caso, está a punto de llegar a uno de sus momentos más decisivos.

El próximo 9 de junio, el cantante de música urbana Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, deberá comparecer ante un juez luego de que la Fiscalía General de la Nación programara una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.

Junto al artista también fueron citados su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, además de Laura Moreno Restrepo, Julián David Giraldo Arboleda y otras personas vinculadas a la investigación.

Detrás de esta audiencia hay una historia que comenzó en junio de 2022 y que, según la denuncia, se desarrolló entre presiones, amenazas y momentos de tensión que todavía hoy son materia de investigación judicial.

Todo empezó cuando Andrés Felipe Sánchez recibió una invitación para asistir a una reunión en Medellín. El encuentro, según su relato, tenía como propósito discutir asuntos relacionados con la imagen de Blessd y las presentaciones que realizaba un imitador del artista.

Sánchez acudió pensando que se trataba de una conversación para resolver diferencias. Sin embargo, asegura que el ambiente cambió rápidamente.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, una vez dentro de una oficina ubicada en el sector de Las Palmas comenzaron las presiones para que firmara un documento. Según su versión, el objetivo era comprometerlo a no explotar comercialmente la imagen del cantante ni participar en actividades relacionadas con el imitador.

El denunciante afirma que se negó a firmar.

Fue entonces, según su relato, cuando la reunión dejó de parecer una negociación.

Sánchez sostiene que varias personas presentes comenzaron a intimidarlo. Dice que le quitaron el celular, que le exigieron las claves de acceso a sus dispositivos y que fue víctima de agresiones físicas mientras insistían en que aceptara las condiciones que le estaban imponiendo.

Con el paso de los meses, una de las declaraciones que más llamó la atención dentro del expediente fue precisamente la que entregó el propio denunciante al recordar lo ocurrido aquella tarde.

“Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer, que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e inclusive me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”.

Según la denuncia, los momentos de tensión no terminaron allí. Sánchez aseguró que durante el encuentro fue objeto de amenazas constantes y que incluso llegó a sentirse completamente imposibilitado para abandonar el lugar mientras la situación se desarrollaba.

También relató que varias personas habrían sido obligadas a entregar información contenida en sus teléfonos celulares y que durante la reunión ocurrieron situaciones que calificó como humillantes, entre ellas la realización de pruebas de sangre por parte de una mujer que utilizaba elementos de protección.

La defensa de la víctima sostiene que existieron actos de presión, amenazas y restricciones a la libertad con el propósito de obligarlo a firmar el documento. Esos señalamientos son precisamente los que hoy sustentan la investigación que adelantó la Fiscalía y que ahora será presentada formalmente ante un juez.

Después de varios años con escasos movimientos visibles, el proceso dio un giro reciente que terminó desembocando en la audiencia de imputación programada para la próxima semana.

Lo que se espera para el 9 de junio es que la Fiscalía exponga los elementos materiales de prueba, evidencias e información recopilada durante la investigación para sustentar la imputación contra los involucrados. Asimismo, solicitará que se estudie la imposición de una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

Por ahora, la citación no representa una condena ni implica que exista una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los señalados. Será un juez quien escuche a las partes y determine si existen fundamentos suficientes para que el caso continúe su curso en la justicia.

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Mientras tanto, una denuncia que permaneció durante años lejos de los escenarios públicos vuelve a poner sobre la mesa preguntas que ahora deberán resolverse en los estrados judiciales y que tienen en el centro a una de las figuras más reconocidas de la música urbana colombiana.