La mujer intervino ante la Corte Constitucional para respaldar la solicitud de suicidio médicamente asistido de Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años que pasó por nueve hospitalizaciones, terapias electroconvulsivas y más de 40 tratamientos sin lograr mejoría. El caso podría obligar al país a regular este procedimiento en pacientes con enfermedades mentales severas.

Ángela Silva González llegó al punto más duro al que puede llegar una madre: aceptar que su hija quiere morir y pedirle a la justicia colombiana que la deje hacerlo.

Su intervención ante la Corte Constitucional quedó convertida en una de las piezas más dolorosas del expediente que hoy sacude el debate sobre la muerte digna en Colombia. Del otro lado está Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, enfermedades que terminaron consumiendo su vida entre clínicas, medicamentos y episodios de sufrimiento extremo.

La mujer asegura que ya se agotó todo. Que durante años vio a su hija hundirse mientras la medicina intentaba rescatarla sin éxito. Y que seguir prolongando ese dolor dejó de parecerle un acto de amor.

“No puedo ver a mi hija sufrir más. Esto no es vida para ella”, afirmó en los argumentos entregados a la justicia.

Nueve hospitalizaciones y una vida marcada por el sufrimiento

El historial clínico de Catalina terminó convertido en el principal soporte de la solicitud. Según el expediente, la joven pasó por nueve hospitalizaciones psiquiátricas, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y más de 40 tratamientos médicos y farmacológicos que jamás lograron estabilizarla.
La enfermedad avanzó mientras la familia veía cómo cada recaída era peor que la anterior.

Las autolesiones, las crisis emocionales y el deterioro mental terminaron golpeando también a quienes intentaban cuidarla. La madre describió ante los jueces la impotencia de convivir diariamente con el miedo de encontrar a su hija destruida física y emocionalmente.

El caso tomó un rumbo aún más complejo cuando la EPS Sanitas rechazó inicialmente la solicitud de suicidio médicamente asistido argumentando que, aunque la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento en 2022, Colombia todavía carece de una regulación clara para aplicarlo en pacientes psiquiátricos.

Ahí fue cuando Ángela Silva decidió intervenir legalmente para respaldar la decisión de su hija.

La batalla que podría cambiar las reglas en Colombia

La acción de tutela presentada busca algo más profundo que una autorización individual. Lo que se pretende es que la Corte Constitucional fije reglas claras para el sistema de salud frente a pacientes con enfermedades mentales severas que soliciten morir dignamente.

El expediente abrió una discusión incómoda para el país: si una persona con sufrimiento psiquiátrico irreversible puede acceder legalmente a un suicidio médicamente asistido cuando ya agotó todas las alternativas clínicas.

La madre insiste en que este caso jamás se trató de abandono familiar ni de cansancio. Dice que acompañó cada tratamiento, cada internación y cada intento médico para salvar a Catalina. Pero asegura que llegó un momento en el que entendió que su hija ya estaba atrapada en un dolor permanente.

“Su dolor es más grande que el mío”, expresó.

Esa frase terminó convirtiéndose en el símbolo más duro de todo el proceso.

Una despedida firmada ante los jueces

Mientras la Corte Constitucional estudia el caso, la familia enfrenta una realidad devastadora: convertir el sufrimiento de una hija en un debate jurídico nacional.

La intervención de Ángela Silva formalizó algo que muchas madres jamás imaginan vivir: empezar a despedirse de un hijo mientras todavía sigue respirando.

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Ahora será la Corte Constitucional la que decida si Colombia está preparada para regular el suicidio médicamente asistido en pacientes con trastornos psiquiátricos graves o si estos casos seguirán atrapados en vacíos legales, tutelas y discusiones éticas interminables.