A menos de 100 días de finalizar el gobierno de Gustavo Petro, la Alta Consejería para la Paz reconoce que no hubo un avance real de negociación con los grupos armados en la Sierra Nevada. El proceso, marcado por la indefinición y la dilación, dejó más poder a las estructuras ilegales y a las comunidades atrapadas en medio del conflicto.

La promesa de la paz total del presidente Gustavo Petro en la Sierra Nevada de Santa Marta terminó convertida en un proyecto inconcluso. La alta consejera para la Paz y el Postconflicto, Jennifer del Toro, lo dejó claro: el Gobierno se quedó sin tiempo para lograr una desmovilización real de las estructuras armadas que controlan el territorio.

El diagnóstico de la funcionaria indica que ni las Autodefensas Conquistadores de la Sierra ni el Ejército Gaitanista de Colombia dieron un paso definitivo hacia el sometimiento. La política que nació como una apuesta ambiciosa en 2022 hoy cierra su ciclo sin resultados concretos.

“Lo que queda no es un avance. Es un problema intacto e incluso más grande”, señaló.

Un proceso sin rumbo

Según Jennifer del Toro, tras casi cuatro años, el proceso estuvo marcado por dos palabras que lo resumen todo: “indefinición y dilación”.

“No hubo cronogramas claros de desmovilización. Tampoco acuerdos sólidos sobre penas, justicia o condiciones para dejar las armas. Ni siquiera se concretó una zona de ubicación transitoria para los grupos armados”, lamentó del Toro.

Lo más lamentable según la alta consejera, fue el silencio institucional que se extendía con el paso del tiempo. “Largos periodos sin pronunciamientos desde la Oficina del Comisionado de Paz alimentaron la incertidumbre en el territorio. La negociación avanzó sin dirección. Y cuando eso ocurre en medio de un conflicto armado, el vacío lo ocupan las estructuras ilegales”, añadió.

Beneficios sin control

Uno de los puntos más críticos del proceso fue la entrega de beneficios jurídicos sin mecanismos efectivos de verificación.

“Se reconocieron voceros de los grupos armados. Se suspendieron órdenes de captura. Incluso se frenaron procesos judiciales clave. Pero no hubo control real sobre el cumplimiento de compromisos”, manifestó.

Para Jennifer del Toro en sus análisis, el resultado fue contradictorio: “mientras se hablaba de paz, las estructuras se fortalecían”.

Para ella, casos como la captura y posterior liberación de cabecillas evidenciaron el impacto de esas decisiones. Lo que debía ser una puerta hacia el sometimiento terminó generando mayor desconfianza y debilitando la acción judicial.

El “teatro de la paz”

La propia Alta Consejería lo define sin eufemismos: lo que se vivió fue un “escenario de teatro”.

“Una puesta en escena donde se simulaban avances, pero en el terreno nada cambiaba”, precisó.

En este tiempo, los grupos armados emitieron al menos 55 comunicados reiterando su supuesta voluntad de acogerse a la paz. Sin embargo, esos mensajes coincidían con momentos de presión militar. Es decir, mientras hablaban de paz, seguían operando.

La violencia nunca se detuvo

Según los reportes oficiales, durante el proceso no solo persistieron las estructuras armadas, sino también sus prácticas criminales.

Extorsión sistemática a comerciantes y economías populares; despojo de tierras mediante amenazas; castigos extrajudiciales con torturas y humillaciones; homicidios selectivos e intimidaciones contra líderes sociales.

El análisis deja claro que la Sierra Nevada no entró en un proceso de pacificación. Continuó bajo control de economías ilegales y estructuras armadas que mantienen dominio sobre amplias zonas.

Santa Marta, en consecuencia, sigue condicionada por este conflicto. Su desarrollo, su economía y su proyección turística dependen de un problema que sigue sin resolverse.

Entre la ofensiva militar y el vacío social

Con el fracaso del proceso, el escenario actual es otro: operaciones militares más intensas.

La Fuerza Pública ha incrementado su ofensiva en el territorio. Pero incluso desde el Gobierno se reconoce que la vía exclusivamente militar no ha sido suficiente en décadas.

“El problema es estructural. Sin inversión social, sin prevención del reclutamiento y sin soluciones económicas para las comunidades, la guerra se recicla. Los campesinos, como ha ocurrido en los últimos operativos, quedan en medio del fuego cruzado”, detalló Jennifer del Toro.

El problema que hereda el próximo gobierno

La conclusión es inevitable. El conflicto en la Sierra Nevada no se resolvió. Se trasladó.

El próximo presidente recibirá un territorio con estructuras armadas vigentes, economías ilegales consolidadas y una población que ya perdió la confianza en las promesas de paz.

“La política de paz total, convertida en ley, seguirá siendo una obligación del Estado. Pero ahora deberá replantearse desde sus bases”, puntualizó del Toro.

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Para la funcionaria, lo que deja este proceso no es una transición hacia la paz. Es una evidencia: negociar sin control, sin claridad y sin resultados solo prolonga el conflicto y en la Sierra Nevada, ese conflicto sigue vivo.