Una colombiana fue asesinada dentro de su vivienda en Córdoba, España, luego de que su expareja, con antecedentes de violencia y orden de alejamiento vigente, lograra ingresar al edificio y atacarla con un arma blanca.

Le dijo que la iba a matar y lo cumplió sin que nadie pudiera evitarlo. El día de la tragedia debía ir a una audiencia por una medida seguridad que había impuesto sobre su expareja para protegerse, pero fue asesinada antes que eso sucediera. Así murió la mujer oriunda de Cartagena en España, lejos de casa.

Tulia Esther Caballero Simanca, abogada cartagenera de 64 años, residenciada desde hacía varios años en España, fue asesinada en el barrio La Fuensanta, en Córdoba, España. Su expareja, identificado como F. L., de 63 años, la esperó dentro de su edificio.

No fue un encuentro para conversar, ya sabía que la iba a matar. Todo había comenzado días antes. La mujer lo había denunciado. Había un antecedente claro: el hombre la agredió con un martillo y causó destrozos en el inmueble. Tulia temía por su vida. Por ese caso, incluso, ya había una audiencia programada para ese mismo día. El proceso estaba en curso. La alerta estaba encendida. Ella intentó protegerse. Pero algo falló.

Las medidas de protección existían. Había una orden de alejamiento vigente contra el agresor. También se había cambiado la cerradura del apartamento. Un intento de resguardo. Pero no fue suficiente. La puerta principal del edificio seguía igual. Sin control. Sin filtro. Ese detalle abrió el camino a la tragedia.

El hombre entró sin dificultad. Subió hasta el piso donde vivía la víctima. Se ubicó en el rellano de las escaleras. Esperó. Observó. Midió el momento. Todo ocurrió en un espacio reducido. Cerrado. Sin escapatoria.

Cuando Tulia Esther salió de su apartamento, fue interceptada en un pasillo. Un corredor estrecho. El agresor la acorraló. Allí comenzó el ataque.

El arma fue un machete. Golpes. Repetidos. Al menos 14 heridas en distintas partes del cuerpo. La agresión fue rápida. Violenta. Definitiva. La mujer cayó en el lugar. No logró salir del edificio. Murió en el sitio.

Minutos después, una llamada alertó a los servicios de emergencia. La escena era crítica. Equipos médicos confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. Pero no fue lo único. En el ambiente había gas pimienta. El aire estaba contaminado. Los bomberos tuvieron que intervenir para controlar la sustancia y permitir el acceso seguro.

El presunto agresor no huyó. Permaneció en el sitio. Fue capturado allí mismo por la Policía española. Sin resistencia conocida. El caso quedó en manos de las autoridades.

Los registros oficiales revelan más contexto. Tanto la víctima como el agresor estaban incluidos en el sistema VioGén, herramienta del Ministerio del Interior de España para el seguimiento de casos de violencia de género. Es decir, el riesgo estaba identificado. Monitoreado. Aun así, la muerte le llegó.

Se conoció que, el detenido tenía antecedentes judiciales. Ya había estado en prisión. Un historial que no era nuevo. Un patrón que se repetía.

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Ahora, las autoridades avanzan en la investigación. Revisan cada detalle. Cada decisión. Cada falla. Especialmente, las condiciones en las que se aplicaron las medidas de protección. Porque esta vez, no alcanzaron. Porque esta vez, la violencia llegó hasta el final.