El presidente confirmó impulsará la planta en Taganga —si cuenta con aval de comunidades étnicas— y anunció la reforma del Conpes, lo que deja sin respaldo presupuestal la desalinizadora del sur, pieza clave en la solución estructural del agua.

Santa Marta vuelve a quedar atrapada en una posición que no resuelve su problema histórico de agua potable, sino que lo prolonga.

El presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre las plantas desalinizadoras y dejó un mensaje que, lejos de generar tranquilidad, profundiza la incertidumbre que ya se había instalado en la ciudad: el Gobierno Nacional seguirá adelante con la planta en Taganga, pero condicionada a la aprobación de comunidades étnicas. La del sur, en cambio, queda sin respaldo al menos como se había planteado por su propio equipo de gobierno.

El mandatario anunció en ese sentido, que se reformará el Conpes, el documento que garantiza la disponibilidad de recursos para este tipo de proyectos. En términos concretos, eso significa que la desalinizadora del sur pierde el soporte financiero que la hacía viable. Sin plata, no hay obra.

La estrategia inicial contemplaba dos plantas: una en el sur, diseñada para fortalecer el sistema general y permitir mayor distribución del acueducto distrital hacia el centro y norte de la ciudad; y otra en Taganga, enfocada en atender necesidades específicas de esa zona turística. Hoy, ese esquema se rompe.

En Taganga se oponen a desalinizadora

Petro fue directo: “Va una desalinizadora para Taganga”. Pero también dejó claro que su ejecución dependerá del consentimiento de comunidades étnicas, un punto que introduce un nuevo obstáculo en un proyecto que ya enfrenta resistencias locales por posibles impactos ambientales.

Es decir, el único proyecto que mantiene respaldo presidencial tampoco tiene vía libre. Mientras tanto, la planta del sur queda prácticamente descartada.

Dice que el proyecto beneficia a los ricos

El presidente ya había expresado su desacuerdo con esa ubicación en un consejo de ministros, argumentando que beneficiaría principalmente a complejos hoteleros y al sector empresarial. Ahora va más allá: al modificar el Conpes, le quita el sustento económico a una obra que había sido estructurada con directrices principalmente de entidades del propio Gobierno Nacional. La contradicción es evidente.

Desde lo técnico, el Distrito explicó incluso a través de una carta al presidente que la desalinizadora del sur no estaba pensada como un beneficio exclusivo para un sector, sino como una pieza clave para reorganizar el sistema de acueducto. Su operación permitiría liberar presión sobre la red actual y aumentar la disponibilidad de agua en zonas con mayores dificultades de acceso.

Ese argumento no cambió la decisión política.

Una visita que dejó más dudas que respuestas

El tema volvió a tomar fuerza tras la visita a Santa Marta de la viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, quien se reunió con el alcalde Carlos Pinedo y su equipo. Desde el Distrito se habló de articulación institucional y de avances en la búsqueda de soluciones. Pero el pronunciamiento del presidente volvió a marcar distancia.

Durante la visita, la funcionaria recorrió sin el alcalde el predio proyectado en Taganga, dialogó con la comunidad y planteó que la planta podría beneficiar inicialmente a estudiantes de la institución educativa del sector, que hoy no cuentan con agua potable.

También participaron entidades como la Comisión de Regulación de Agua Potable, el DNP, Superservicios y Essmar en la evaluación de alternativas.

Sin embargo, el punto crítico sigue sin resolverse: no hay una solución integral en firme.

Santa Marta queda dependiendo de una sola planta, condicionada socialmente y sin certeza de ejecución. Y pierde, al menos por ahora, una de las obras que había sido diseñada para enfrentar el problema de fondo.

Lea aquí: Alcalde Pinedo pone en marcha inversión para tapar huecos en diferentes vías de Santa Marta

Porque en esta discusión no solo está en juego la ubicación de una infraestructura. Está en juego el acceso al agua en una ciudad que lleva años esperando una solución que no termina de concretarse por desacuerdos y cambios de posición de los mandatarios de turno.